Además de esta recomendación, que se menciona nuevamente a Portugal en el informe del CPT, el Comité contra la Tortura también propone una serie de medidas para mejorar el trato de los prisioneros, en particular los considerados más vulnerables.

El informe contiene los resultados de la visita "ad hoc" realizada a Portugal por funcionarios del CPT entre el 3 y el 12 de diciembre de 2019, y también expone la respuesta dada por las autoridades judiciales portuguesas.

Según el informe, durante la visita, la delegación del CPT recibió un número considerable de "denuncias creíbles de malos tratos" por parte de agentes de policía.

Los supuestos malos tratos consistían principalmente en agresiones con bofetadas, puñetazos y patadas en el cuerpo y la cabeza, así como en palizas con porras, y se produjeron en el momento de la detención, así como durante el período de permanencia en la comisaría de policía.

El informe señala que los afrodescendientes, tanto portugueses como extranjeros, parecen correr un mayor riesgo de sufrir malos tratos en el entorno policial.

En el documento se pide a Portugal que adopte medidas enérgicas para promover una cultura policial en la que no se permita a esos miembros de la seguridad nacional recurrir al maltrato de detenidos y sospechosos.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes también es muy crítico con el sistema de investigación de los casos de malos tratos, teniendo en cuenta que los agentes de policía que cometen actos de malos tratos no suelen ser considerados responsables.

El CPT recomienda que se proporcionen medios adicionales a la Fiscalía para que las investigaciones de los presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo "rápida y exhaustivamente".

En cuanto al sistema penitenciario, en el informe se señala que la población carcelaria ha disminuido, pero se advierte que el hacinamiento en cárceles como las de Caxias, Porto y Setúbal sigue siendo "un grave problema que afecta gravemente a las condiciones de vida en las cárceles y a las relaciones entre los agentes del orden, los guardias y los reclusos".

En el informe se indica que los reclusos vulnerables recluidos en esas tres prisiones se encontraban en condiciones muy deficientes, ya que algunos tenían menos de 3m² de espacio para vivir cada uno y otros estaban confinados en celdas de hasta 23 horas al día.

El CPT también tomó nota de las medidas para mejorar la supervisión de las intervenciones de los guardias de prisiones para contener los disturbios en las cárceles y expresó fuertes reservas sobre el uso de armas de fuego y otros medios de coacción, como las granadas de gas en un entorno carcelario confinado.

El Comité contra la Tortura también formuló recomendaciones sobre las actividades de los reclusos, la atención de la salud y la disciplina, y subrayó la necesidad de reforzar los recursos de los guardias de prisiones y su formación profesional.

En cuanto a la Clínica Psiquiátrica de la Penitenciaría de Santa Cruz do Bispo, el CPT dice que ha vuelto a constatar que los pacientes fueron mantenidos en "condiciones terribles", en un ambiente similar al de una prisión.

Consciente de que este establecimiento no puede ofrecer un entorno terapéutico para el cuidado y el tratamiento de los pacientes psiquiátricos, el CPT reitera su recomendación de que se cierre el establecimiento y se reubique a los pacientes en un centro de atención psiquiátrica o social apropiado.

En su respuesta, las autoridades portuguesas informaron de las medidas que se estaban aplicando para dar cabida a las recomendaciones del CPT sobre los malos tratos policiales y sobre la mejora del tratamiento de los reclusos en el sistema penitenciario.

En la misma respuesta, también se hizo referencia a la creación de un grupo de trabajo conjunto, designado por los Ministros de Salud y Justicia, para examinar y reformar la actual Ley de salud mental.