"Pingo Doce impugnará esas decisiones en los tribunales y utilizará todos los medios a su alcance para defender su reputación y reputar la verdad de los hechos", se lee en un comunicado de Jerónimo Martins enviado hoy a la Comisión de Valores y Bolsa (CMVM).

La CMC decidió hoy imponer una multa de 304 millones de euros a seis cadenas de supermercados, dos proveedores de bebidas y dos funcionarios individuales, por fijar indirectamente los precios de venta, una práctica perjudicial para los consumidores".

Según un comunicado de la entidad que preside Margarida Matos Rosa, la mayor multa de 121,9 millones de euros (ME) se aplicó a Modelo Continente, seguida de Pingo Doce (91 ME), por el proveedor Sociedade Central de Cervejas (SCC, de 29.5 ME), Auchan (22,3 ME), Intermarché (19,4 ME), Lidl (10,6 ME), por el proveedor Primedrinks (7 ME) y Cooplecnorte (E. Leclerc, 2 ME). Además de las entidades, también fue multado un director de la Central de Cervejas y un director de la unidad de negocios de Modelo Continente, por 16.000 euros.

El valor de las multas está determinado "por el volumen de ventas de las empresas destinatarias en los mercados afectados en los años de la práctica", y no puede "superar el 10% de la facturación de la empresa en el año anterior a la decisión de la sanción". Según la AdC, la práctica sancionada "tiene, en la terminología de la competencia, el nombre de hub-and-spoke", y consiste en una práctica en la que "los distribuidores utilizan los contactos que tienen con el proveedor común para asegurarse, a través de éste, de que todos practican el mismo precio de venta al público (PVP), asegurando un aumento general del PVP y evitando los contactos directos entre ellos, como suele ser el caso en un cártel".

En un primer caso, AdC condenó una combinación de precios entre Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché y The Beer Centre, así como a los dos administradores. En el primer caso, según la AdC, las prácticas duraron "más de nueve años: entre 2008 y 2017", en relación con los precios de los productos de la Cervecería, como "las cervezas Sagres y Heineken, pero también la Bandida de La Huerta y el Agua de Luso, incluso para hacerlas subir gradual y progresivamente en el mercado minorista". El regulador del mercado "ha impuesto el cese inmediato de la práctica, ya que no se puede excluir que las conductas investigadas sigan en curso", según la declaración.

Según la AdC, estas son las "primeras condenas en Portugal por una práctica concertada de fijación indirecta entre empresas distribuidoras mediante la coordinación de los proveedores", y se llevaron a cabo en el contexto de las investigaciones que comenzaron en 2017.

La AdC dice que en marzo de 2019 se adoptaron notas ilegales, "y se dio a las víctimas la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia y defensa, que fue debidamente evaluado y considerado en la decisión final". "La AdC también llevó a cabo, en la fase de investigación, las medidas de prueba adicionales requeridas por las empresas objetivo, cuyos resultados también fueron considerados", dijo el regulador.