La Autoridad Independiente de Supervisión de los Acuerdos sobre Derechos de los Ciudadanos (IMA) fue creada por el Ministerio de Justicia británico para supervisar y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos de la UE y del país como del EEE / AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) dentro del acuerdo del Brexit.

Están en juego los derechos laborales en el Reino Unido y en el territorio de Gibraltar, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, el acceso a la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación y las ayudas sociales, tal y como se garantiza a los ciudadanos británicos que residen en los países de la UE.

"Somos muy conscientes del impacto de la pandemia del covid-19 en lo que la gente necesita hacer y demostrar para tener derecho y acceso a los servicios. La pandemia tuvo un impacto en los viajes y esto puede haber afectado a la capacidad de las personas de estar presentes en el Reino Unido para demostrar sus derechos de residencia", dijo la Directora Ejecutiva Kathryn Chamberlain.

Otra área de impacto es la "obtención de documentos de los respectivos países, como la renovación de pasaportes" o documentos de identidad, necesarios para solicitar el Sistema de Registro de Ciudadanos de la UE (EU Settlement Scheme).

El ciudadano portugués Tiago Petinga, de 32 años, declaró la semana pasada a la Agencia de Noticias Lusa que todavía no ha podido recoger la tarjeta de ciudadano de su hija Marisol, nacida en enero del año pasado, en el consulado portugués de Manchester.

"Ya he intentado llamar y enviar correos electrónicos. Necesitamos su Tarjeta para hacer su solicitud, porque yo, mi novia y nuestra hija mayor ya la tenemos", explicó.

Fuentes oficiales de la Embajada indicaron a Lusa que, "a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia y del confinamiento [en Inglaterra], los Consulados Generales [en Londres y Manchester] siguen funcionando, con horarios ampliados y respondiendo a todas las situaciones urgentes".

También dijo que hay "muchas vacantes por cubrir" y que los consulados están en condiciones de documentar a quienes lo necesiten antes de la fecha límite, que es el 30 de junio.

Hasta finales de septiembre, el Ministerio del Interior británico dijo haber recibido 296.850 solicitudes de ciudadanos portugueses.

En total, el Gobierno británico dijo que había recibido 4,88 millones de solicitudes hasta finales de diciembre, de las cuales 4,49 millones habían sido tramitadas.

La semana pasada, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, se negó a ampliar el plazo, alegando que el proceso es exitoso.