La OA establece que cualquier ciudadano extranjero al que se le deniegue la entrada en el territorio nacional deberá ser informado, en una lengua que comprenda, de la posibilidad de poder ser asistido por un abogado portugués.

Los abogados estarán disponibles en persona sólo en el aeropuerto de Lisboa y cubrirán tres turnos, que comenzarán a las 8 de la mañana y concluirán a las 5 de la tarde.

También habrá medidas en los aeropuertos de Oporto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada y Lajes.

La medida se deriva del protocolo firmado en noviembre por la Orden, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Administración Interior (MAI) y tiene como objetivo garantizar "el pleno acceso a la ley y a los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses legalmente protegidos".

El presidente de la OA, Menezes Leitão, explicó que los honorarios de los abogados que garanticen esta asistencia jurídica serán pagados por el MAI, pero para que el sistema de acceso al derecho al trabajo, será a través del Instituto de Gestión Financiera y Equipamiento de la Justicia.