La medida se deriva de las orientaciones conjuntas sobre el programa de cribado de laboratorio para el SARS-COV-2 en guarderías y centros educativos y de enseñanza y de la autorización de gastos, aprobada por el Consejo de Ministros el domingo, para la realización de pruebas de Covid-19 a estudiantes y personal docente y no docente.

Según un comunicado conjunto de los Ministerios de Educación, Trabajo y Solidaridad y Seguridad Social, el proceso de pruebas en los centros escolares se inició a finales de enero, "habiendo permitido ya la realización de más de 64.000 pruebas, a pesar de la transición a la enseñanza en casa".

"Como resultado de la articulación con las diferentes entidades involucradas en la operación de pruebas, que han demostrado ser socios inequívocos en todo este proceso, los referidos Ministerios llevan a cabo una operación en la que es posible realizar un elevado número de pruebas", añade.

Asimismo, el Gobierno destaca que la Dirección General de Sanidad (DGS) considera que la realización de pruebas rápidas periódicas es una medida adicional a las medidas de prevención del contagio, como el desprendimiento, el uso de mascarilla, la ventilación de espacios o las medidas de higiene y etiqueta respiratoria, "encaminadas a una reanudación más segura de las actividades educativas y docentes en las aulas".