Estas y otras cinco recomendaciones fueron presentadas al Subsecretario de Estado y Salud, António Lacerda Sales, y a la secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad, Rosa Monteiro, durante una audiencia a petición de ILGA Portugal (Intervención de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales) y el GAT, después de que tanto la Dirección General de Salud (DGS) como el Instituto Portugués de Sangre y Trasplantes (IPST) hayan admitido que es necesario aclarar la norma sobre la exclusión de donantes de sangre por comportamientos sexuales de riesgo.

En la audiencia, que tuvo lugar el 4 de marzo, ILGA y GAT defendieron "la supresión explícita de cualquier criterio o plazo de exclusión de donantes por su orientación sexual -real o percibida-" y la "clarificación inequívoca de los criterios objetivos de elegibilidad y su comunicación pública", ambas de forma inmediata.

En el plazo de un mes piden que se revise la información de los historiales médicos de los donantes que han sido excluidos de forma permanente o temporal de la donación por su orientación sexual.

Por otro lado, proponen que se cree una campaña nacional de sensibilización sobre las conductas de riesgo y los criterios de elegibilidad para la donación de sangre, que se establezcan sinergias entre las autoridades sanitarias y las organizaciones de la sociedad civil para la formación sobre conductas y prácticas no discriminatorias entre los profesionales sanitarios, así como la revisión del manual de evaluación de criterios que sirve de guía para el trabajo de los técnicos del IPST, todo ello en el plazo de dos meses.

Por último, quieren que haya un "compromiso con la producción de pruebas científicas" que demuestren si se puede hacer una "evaluación caso por caso para los trabajadores del sexo y las personas que usan drogas inyectables e inhalables", para lo que dan un plazo de un año.

La comparecencia de los dos secretarios de Estado, aunque solicitada hace más tiempo, se produce después de que el Ministerio de Sanidad anunciara, el 1 de marzo, la creación de un grupo de trabajo para revisar, en el plazo de una semana, la norma de 2016 que define los criterios de exclusión de donantes de sangre por conductas sexuales de riesgo.

Según las dos organizaciones, desde la entrada en vigor de la norma 009/2016 -revisada en 2017- que "se han denunciado sistemáticamente casos de discriminación de donantes de sangre homosexuales y bisexuales" a los que se les niega la donación tras asumir que mantienen relaciones sexuales con hombres.

La polémica surgió a raíz del caso de un hombre que denunció haber sido discriminado cuando intentó donar sangre el pasado 23 de enero, en la estación de donación fija del IPST en Lisboa, después de que este organismo hiciera un llamamiento a la donación.

La situación le ocurrió a Bruno Gomes d'Almeida que, después de tres horas de cola y otra hora de espera en el triaje, fue confrontado con varias preguntas que suponían que tenía socios. Cuando se empeñó en corregir y asumir que tenía pareja, escuchó la respuesta de que "entonces no puede donar sangre" y que "los hombres que tienen sexo con hombres no pueden donar sangre".

Más tarde, Lusa informó de que un médico del IPST escribió por correo electrónico que "los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no pueden donar sangre", argumentando que "el 90 por ciento de los casos seropositivos [identificados] en las donaciones de sangre proceden de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que lo omitieron en el cribado clínico".

El 2 de marzo, el IPST anunció que había abierto tres procesos de investigación a profesionales por presuntas prácticas discriminatorias en la donación de sangre por parte de hombres homosexuales, uno relativo al médico que dio la respuesta por correo y los otros a los profesionales que hicieron el cribado de Bruno Gomes d'Almeida.