El partido Chega propone la castración química para los violadores reincidentes

Por TPN/Lusa, in Política, Noticias · 24-03-2021 18:00:00 · 0 Comentarios

El líder de la Chega, André Ventura, defiende la castración química y la pérdida de la nacionalidad para quienes realicen algunos tipos de delitos y argumentó que varios países de Europa, como Suiza o Reino Unido, retiran la nacionalidad.

El Presidente de la Asamblea de la República decidirá si los dos proyectos de ley del partido Chega, sobre la pérdida de la nacionalidad y la castración química, que "fracasaron" en la comisión de Asuntos Constitucionales el 24 de marzo, serán debatidos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías debatió el 24 de marzo, durante casi dos horas, los dictámenes sobre los proyectos del partido de André Ventura y, en ambos casos, concluyó que son inconstitucionales y, por tanto, no admisibles.

Ferro Rodrigues, como ya había hecho en relación con otros proyectos de ley de Chega en los que tenía dudas constitucionales, pidió a la comisión un dictamen sobre la constitucionalidad de los proyectos a admitir.

El primero en ser discutido fue la ley para retirar la nacionalidad a los ciudadanos naturalizados condenados por delitos con penas superiores a cinco años o que "ofendan los símbolos nacionales", pero que un dictamen del ex ministro de Administración Interna y diputado de Constança Urbano PS de Sousa concluye que viola la Constitución, sobre el principio de igualdad, en los artículos 3 y 26, entre otros.

En otras palabras, los ciudadanos con nacionalidad portuguesa tienen todos los mismos derechos, con la excepción del derecho a ser candidato a Presidente de la República a los ciudadanos por naturalización.

"El derecho a la nacionalidad es un derecho a tener derechos", resumió Constança Urbano de Sousa, para quien la Constitución "no distingue entre los portugueses por la forma de adquirir la nacionalidad".

André Ventura, de Chega, argumentó que la pérdida de la nacionalidad es para los casos en los que los ciudadanos son condenados a penas superiores a cinco años, por delitos graves, como el tráfico de drogas, los delitos sexuales o el blanqueo de dinero, o incluso los que "pasan la vida ofendiendo a Portugal y a su memoria histórica".

Y afirmó que varios países de Europa, como Suiza o el Reino Unido, quitan la nacionalidad, a lo que Constança Urbano de Sousa respondió que estos estados no tienen un artículo en la Constitución que diga: "La privación de la nacionalidad y las restricciones a la capacidad civil sólo pueden tener lugar en los casos y términos previstos por la ley, y no pueden basarse en motivos políticos".

La mayoría de los partidos se mostraron de acuerdo con el dictamen, aunque el BE y el CDS volvieron a plantear sus reservas sobre el hecho de que la comisión realice un control constitucional previo a las iniciativas legislativas.

Si Catarina Rocha Ferreira, del PSD, coincidió en que el proyecto tiene inconstitucionalidades y que la Constitución "protege la ciudadanía", a la que el ciudadano "no puede ser privado por motivos políticos, de opinión, aunque sea antipatriótica", Telmo Correia, del CDS, admitió que "no le chocaría" discutir el asunto, pero en un caso extremo.

Este "caso extremo" sería si un ciudadano naturalizado portugués, fuera acusado y condenado por terrorismo.

Al final, el dictamen fue aprobado por amplia mayoría, con los votos del PS, PSD, PCP, BE, Joacine Katar Moreira y se registraron los votos en contra de Chega y del CDS.

El siguiente dictamen fue sobre el proyecto de ley de Chega sobre la castración química para los reincidentes en casos de violación, que es desproporcionada y "da lugar a una pena cruel, degradante e inhumana" y, de nuevo, se consideró inconstitucional.

El debate se prolongó, casi una hora, y comenzó con las conclusiones del dictamen, por la inconstitucionalidad, de Joacine Katar-Moreira, que "la pena accesoria de castración química, a aplicar al agresor sin su consentimiento, no sólo no constituye una sanción proporcional o necesaria "para" la realización de los fines del Derecho Penal, ya sea para la prevención general o para la prevención especial".

Además, es "manifiestamente lesiva para la dignidad de la persona humana" y "da lugar a una pena cruel, degradante e inhumana" y, según Joacine, "diferenciar a los ciudadanos de los delincuentes es incompatible con un Estado de Derecho democrático".



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