En un informe sobre las prácticas de derechos humanos en Portugal, el Departamento de Estado de Estados Unidos considera que el país ha sido eficaz en la aplicación de la ley que prohíbe todas las formas de trabajo forzoso, pero destaca que las penas por estos delitos "no son proporcionales a las de otros delitos graves".

El informe también advierte a la sociedad civil de "la necesidad de reforzar el control y la regulación de las empresas de trabajo temporal".

Los recursos estatales dedicados a la prevención del trabajo forzoso, incluidas las inspecciones, así como para la aplicación de la ley "siguen siendo insuficientes", sostiene el informe, que añade que los condenados por estos delitos "a menudo consiguen evitar la cárcel, lo que socava los esfuerzos de aplicación de la ley y de protección de las víctimas", citando informes de organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación.

Según los datos del Observatorio de la Trata de Seres Humanos, las víctimas de la trata de seres humanos de nacionalidad extranjera son explotadas en los sectores de la agricultura, la construcción y el servicio doméstico, mientras que los portugueses son explotados principalmente en la restauración, la agricultura y el servicio doméstico.

En cuanto al trabajo infantil, el informe señala que se produce en "casos muy limitados", principalmente relacionados con la explotación de niños gitanos en la mendicidad o la coacción para cometer delitos contra la propiedad.

"Las redes de traficantes subsaharianos utilizan cada vez más el país como ruta hacia el espacio Schengen para explotar a los niños en el tráfico sexual o en trabajos forzados", señala el informe.

El Departamento de Estado de EE.UU. también considera que "la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, sigue siendo un problema" en Portugal, recordando las sentencias judiciales que mitigan las penas a los agresores basándose en juicios morales sobre el comportamiento de las víctimas.