El proyecto de ley aprobado establece que negarse a llevar una máscara en los espacios públicos donde no sea posible el distanciamiento social es susceptible de una multa de entre 100 y 500 euros. La renovación no recibió el apoyo total de los partidos políticos, y contó con la oposición de la izquierda y la derecha, aunque fue respaldada por los socialistas y los socialdemócratas en el poder.