Esta información fue adelantada por una fuente de la Presidencia de la República.

El proyecto presidencial que renueva el estado de emergencia hasta el 30 de abril, enviado al parlamento, es idéntico al actualmente en vigor, sin ningún cambio en el articulado.

La semana pasada, Marcelo Rebelo de Sousa expresó el deseo de que ésta "sea la última renovación del estado de emergencia, coincidiendo con el final de abril". Sin embargo, en la introducción de este diploma no se menciona nada sobre esa posibilidad.

Este es el decimoquinto diploma del estado de emergencia que el Presidente de la República somete a la autorización del parlamento en el actual contexto de la pandemia del Covid-19, tras escuchar a los partidos con escaño parlamentario y al Gobierno, y será discutido y votado por los diputados el miércoles por la tarde.

El jefe de Estado se dirigió al país cada vez que decretó este marco legal, excepto en el período comprendido entre el anuncio de su reelección, el 7 de diciembre, y su reelección como Presidente de la República, el 24 de enero, y la penúltima renovación del estado de excepción, el 11 de marzo, que coincidió con la presentación del plan de desconfinanciación del Gobierno y su viaje al Vaticano.

Según la Constitución, el estado de excepción, que permite suspender el ejercicio de algunos derechos, libertades y garantías, no puede durar más de 15 días, sin perjuicio de posibles renovaciones con el mismo plazo.

Para decretarlo, el Presidente de la República debe oír al Gobierno y contar con la autorización del Parlamento, que en las últimas seis renovaciones se dio con los votos a favor de PS, PSD, CDS-PP y PAN y la abstención de BE.

El estado de excepción ha permitido la adopción de medidas de restricción de los derechos de libertad y movimiento -como el internamiento de enfermos con Covid-19, infectados y personas bajo vigilancia activa- o la limitación de los desplazamientos.

También ha permitido limitar el ejercicio de la iniciativa privada, social y cooperativa, así como los derechos de los trabajadores -por ejemplo, imponer el teletrabajo- y los derechos a emigrar y a salir y volver al territorio nacional y la libertad de aprendizaje y enseñanza, entre otros.