Estas personas son ilocalizables por las fuerzas de seguridad o no han comparecido repetidamente ante los tribunales para responder a los cargos que se les imputan.

La mayoría de estos casos están relacionados con delitos cometidos al volante, como conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol.

Las personas que han faltado a su cita con la justicia se enfrentan a restricciones tales como no poder renovar los documentos de identidad, utilizar el servicio nacional de salud o pagar sus facturas de electricidad.