"Esto significa que las medidas que el Gobierno Regional ha adoptado ahora, tras el Consejo de Gobierno, se basan legalmente no en el decreto de estado de emergencia del Presidente de la República, como ocurría hasta ahora, sino en otros diplomas legales, a nivel de Protección Civil y de salud pública, que permiten la intervención restrictiva de derechos", dijo Clélio Meneses en una rueda de prensa en Angra do Heroísmo.

La isla de São Miguel sigue sometida a las medidas de alto riesgo de contagio y, por tanto, pasará a la situación de calamidad pública, según el Régimen Jurídico del Sistema de Protección Civil de las Azores, y el resto de las islas se mantienen en riesgo muy bajo, permaneciendo en situación de alerta (el más bajo de los tres niveles).

Por tanto, los restaurantes y cafeterías permanecerán cerrados en la isla de Sao Miguel, y se prohibirá el tráfico en las vías públicas entre las 20:00 horas locales (21:00 horas de Lisboa) y las 5:00 horas (6:00 horas de Lisboa) durante la semana y entre las 15:00 horas (16:00 horas de Lisboa) y las 5:00 horas (6:00 horas de Lisboa) durante el fin de semana, entre otras medidas.

Los únicos cambios previstos para la próxima semana son la reanudación de la enseñanza presencial en el primer y segundo curso de la educación y en las asignaturas sujetas a exámenes nacionales en el 11º y 12º curso en la isla de San Miguel.

El estado de emergencia terminará el viernes 30 de abril, y ya no será obligatorio hacerse la prueba del nuevo coronavirus antes de embarcarse hacia las Azores o al salir de São Miguel hacia otra isla, pero sí al llegar.

Según Clélio Meneses, el Régimen Jurídico del Sistema de Protección Civil de las Azores, la Ley Básica de Salud y el Régimen Jurídico de la Autoridad Sanitaria Pública respaldan las medidas adoptadas, pero el ejecutivo azoriano ya está preparando un proyecto de ley para aclarar estas competencias.

"Si hay una ley de salud de la Asamblea de la República, que determine los medios de intervención y restricción de derechos, todo esto puede quedar más claro. Si esta ley de salud no viene de la República, el Gobierno Regional está preparando un proyecto de ley para presentarlo a la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de las Azores, con una solicitud de exención de examen en comisión y de urgencia", dijo.

El secretario regional de Sanidad, que también es abogado, admitió que puede haber algunos "argumentos jurídicos sobre una u otra situación", pero consideró que la legislación vigente respalda las medidas en vigor.

"Por ejemplo, el artículo 12 del Régimen Jurídico de Protección Civil, en su número 2, apartado b, establece que la declaración de calamidad pública podrá determinar el establecimiento, por razones de seguridad de las personas o de funcionamiento, de límites o limitaciones a la circulación o permanencia de personas", señaló.

El Régimen Jurídico de la Autoridad Sanitaria determina, según Clélio Meneses, que la Autoridad Sanitaria puede "promover la investigación sanitaria y la vigilancia epidemiológica", "controlar el nivel sanitario de los núcleos de población, servicios, establecimientos y lugares de uso público" y "determinar las medidas correctoras necesarias para la defensa de la salud pública".

También puede, añadió, "ordenar la suspensión de actividades o el cierre de servicios, establecimientos y lugares", "ejercer la vigilancia sanitaria en las fronteras" y "determinar la suspensión de trabajos y el cierre de locales".