En materia de represión, el Gobierno prevé la armonización del plazo de prescripción de 15 años para los delitos de corrupción y otros delitos económico-financieros cometidos por funcionarios y titulares de cargos políticos, la ruptura de los pactos de silencio entre las partes mediante la posibilidad de renunciar o reducir la pena, en determinadas condiciones, mejorando el mecanismo que ya existe en la actualidad y también la suspensión cautelar del proceso para quienes denuncien el delito y colaboren en el descubrimiento de la verdad.

El Ejecutivo también ha previsto reducir el tiempo entre la práctica de los actos delictivos y el proceso, y la ministra de Justicia, Franscisca van Dunem, admitió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que en los megaprocesos "los resultados no suelen coincidir con lo que se espera", subrayando que, siempre que sea posible, la autoridad judicial debe dividir el proceso.

Sobre la no inclusión de la tipificación del enriquecimiento injustificado en la Estrategia, la ministra consideró que este asunto forma parte del pacto de transparencia y que cualquier modificación de la ley vigente es competencia del Parlamento.

En cuanto a la prevención, se creará un Régimen General de Prevención de la Corrupción para el sector público y privado, un Régimen de Protección de Denunciantes, con la transposición de la Directiva Europea, y la creación del Órgano de Prevención de la Corrupción.