En una orden fechada el 30 de abril, el subsecretario de Estado de Asuntos Fiscales, António Mendonça Mendes, revocó otra orden firmada por él mismo hace apenas cuatro meses, que imponía el plazo hasta el 30 de junio de 2021.

La designación de un representante fiscal es obligatoria para todos los titulares de un Número de Identificación Fiscal (NIF) que residan en países fuera de la Unión Europea (UE), lo que ocurre efectivamente en el Reino Unido desde enero, tras el periodo transitorio posterior al Brexit.

Además de los 400.000 portugueses que se calcula que residen en el Reino Unido, incluidos los menores de edad, la Cámara de Comercio portuguesa en el Reino Unido estima que pueden verse afectados hasta 15.000 británicos propietarios de una segunda vivienda en Portugal.

Sin embargo, incluso con una multa de hasta 7.500 euros, el propio Secretario de Estado admite que "todavía hay un gran número de contribuyentes que no han cumplido con esta obligación legal".

En esta nueva resolución, Mendonça Mendes determina que el nombramiento de un representante fiscal puede hacerse "sin ninguna penalización" hasta el 30 de junio de 2022 y que quienes aún no lo hayan hecho pueden mantener su domicilio actual hasta el nuevo plazo.

Esta tolerancia no se aplica a las nuevas inscripciones o al inicio de la actividad en Portugal de los residentes en el extranjero, que siguen teniendo que nombrar a un representante fiscal, considerado el punto de contacto entre la administración tributaria y el contribuyente.

La orden publicada la semana pasada establece también que el proyecto de digitalización de las notificaciones de la Administración Tributaria y Aduanera (AT), conocido como sistema de notificación electrónica, deberá estar concluido "en el transcurso del año 2022".

En ese momento, dice, "el sistema, que funcionará únicamente de forma electrónica, permitirá que los contribuyentes con NIF portugués que residan en el extranjero queden exentos de la obligación de designar un representante fiscal".

Este sistema funcionará en conjunto con la Morada Única Digital, que se da desde 2019 para el resto de los contribuyentes portugueses que residen en el territorio nacional.

La medida satisface la preocupación de la comunidad portuguesa en el Reino Unido y los recursos tanto del PS como del PSD, que alertaron al Gobierno del problema, es decir, del hecho de que el plazo es corto y de la falta de información.

Sin embargo, puede haber llegado tarde para muchas personas que, entretanto, recurrieron a abogados y otros profesionales para emitir los poderes necesarios y contratar el servicio de representación fiscal, cuyo coste anual puede alcanzar los 750 euros.