Al principio del juicio, la mujer de 42 años tomó la delantera en el caso, pero confirmó la complicidad de su marido de 50 años.

"Quería parar pero no sabía cómo", dijo la mujer.

La pareja se había divorciado pero entretanto se reconcilió, supuestamente en nombre de la salud y la felicidad de una hija de 9 años, que tiene problemas de salud.

Ante la plena admisión de los hechos, el tribunal desestimó la comparecencia de los testigos.

En las alegaciones finales, el Ministerio Público (MP) pidió la condena de los acusados por cuatro delitos de fraude fiscal a la SS y dos delitos de fraude informático.

Sin embargo, el MP pidió al tribunal que tuviera en cuenta la confesión y el hecho de que la pareja tenía una hija con problemas de salud.

El abogado defensor solicitó la suspensión de la pena, condicionada al pago íntegro a la SS de la cantidad indebidamente percibida.

La lectura de la sentencia estaba prevista para el 2 de junio.

Según la acusación, la pareja falsificó las declaraciones médicas y los certificados de nacimiento que presentaron a los servicios de la SS y que llevaron a este organismo a asignar las ayudas, a saber, la ayuda familiar, la ayuda prenatal, la ayuda parental y la renta de inserción social.

La acusación dice que los acusados, "en común de esfuerzos e intenciones, engendraron e implementaron un esquema fraudulento, con el objetivo de engañar a los Servicios del Centro del Distrito de Braga del Instituto de la Seguridad Social, para recibir indebidamente asignaciones patrimoniales".

Para ello, se registraron en la SS "supuestos hijos que nunca existieron".

En julio de 2011, les pidieron que asignaran un número de identificación de la SS a una de las "hijas" que inventaron.

En noviembre de 2012, repitieron el procedimiento, esta vez para unos supuestos trillizos.

Presentaron certificados médicos de embarazo, declaraciones del Hospital de Braga y certificados de nacimiento falsificados, consiguiendo así que la SS les atribuyera la manutención normal derivada del nacimiento de los hijos.

La manutención se concedió hasta mediados de 2019.

Al mismo tiempo, los acusados también intentaron recibir la manutención de sus nietos, tras haber accedido abusivamente a la plataforma "online" de la SS con la contraseña del padre de los niños.

El Ministerio Público pide que se condene a los acusados a pagar conjuntamente al Estado la cantidad de 37.658 euros, "que corresponde al aprovechamiento de la actividad delictiva" desarrollada por ellos.