Hasta el miércoles, fecha límite para inscribirse en el Sistema de Registro de Ciudadanos de la Unión Europea [EU Settlement Scheme, EUSS], se aceptaban los respectivos documentos nacionales de identidad para demostrar el derecho a trabajar, estudiar o recibir ayudas sociales.

Pero el jueves entra en vigor el nuevo sistema de prueba del estatus migratorio, totalmente digital, realizado a través del portal del Gobierno británico(https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

El ciudadano tiene que entrar en el perfil con el número del documento que utilizó para obtener el estatus de residente, permanente o temporal, e introducir la fecha de nacimiento, tras lo cual recibe un código de acceso de seis dígitos por teléfono o correo electrónico.

En este perfil, además de confirmar el estatus, puede elegir la opción de compartir el estatus con alguien, como su empleador u otra entidad, en forma de código.

Este código se utiliza entonces, junto con la fecha de nacimiento, para confirmar el derecho de residencia, trabajo, servicios sanitarios o educativos, vivienda y apoyo social.

El Gobierno británico argumentó desde el principio que la prueba de residencia digital evita problemas como la pérdida, la falsificación o el deterioro con el paso del tiempo.

Pero los activistas han advertido en repetidas ocasiones de los problemas que causa la falta de pruebas físicas, ya que no se aceptan las impresiones del perfil o la confirmación por correo electrónico del registro en el EUSS.

Un estudio académico publicado recientemente por el grupo UK in a Changing Europe (Reino Unido en una Europa cambiante) advertía de las dificultades y los riesgos que el proceso electrónico supone para los infraexcluidos, ya sean personas mayores, sin hogar u otro tipo de personas vulnerables.

Una de las autoras, Catharine Barnard, profesora de Derecho de la Universidad de Cambridge, señaló que muchas personas ni siquiera tienen un Smartphone para acceder al portal.

Sin una prueba de estatus, o un certificado de solicitud, las personas pierden sus derechos a vivir y trabajar y a acceder a la sanidad, la educación y los servicios sociales en el