"Estamos cansados de esta situación, el mayor motivo de la manifestación es la desesperación, nos obligan a estar en el sistema donde estamos en busca de una vacante desde hace 24 horas, y somos trabajadores, no somos delincuentes, pagamos impuestos, y el Gobierno debe ver eso", dijo a Lusa la organizadora de la manifestación, Juliete Cristina.Para esta brasileña, que lleva en Portugal desde 2019 sin conseguir un permiso de residencia, el sistema de asignación de contraseñas a través de una plataforma informática del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) fomenta las ilegalidades y la extorsión.

"Hay gente que lo hace por suerte, otros están pagando, un abogado intentó cobrarme 300 euros [por una vacante para asistir al SEF], y una persona en un momento de desesperación, después de estar aquí tres o cuatro años, acaba pagando , pero yo no pago, porque eso es injusto", dijo el inmigrante en declaraciones a Lusa en el Terreiro do Paço, en Lisboa.

Los inmigrantes actualmente concentrados en Lisboa defienden que la concesión del permiso de residencia se haga por orden cronológico y que se automatice el proceso desde que el SEF da la 'luz verde' hasta la recepción de los documentos, que se entregan de forma digital, argumentando que "no hay razón para permanecer en esta agonía" tras la aprobación de los documentos. "Ponemos el documento en el portal online, esperamos hasta 90 días para que el SEF apruebe el documento, que es el plazo legal, pero tardan entre ocho meses y un año en aprobarlo, y luego todavía hay otra plataforma que programar, y lo que pedimos es que se haga por orden cronológico", ha explicado Juliete Cristina. "Los que llegan ahora no tienen trabajo, tienen tiempo para mirar el móvil todo el tiempo, y conseguir un trabajo, y yo llevo dos años aquí pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social, no puedo, esto es injusto", señaló.

Para el organizador de la manifestación, esta situación equivale a un arresto y a la retirada de derechos como viajar, comprar un coche o incluso encontrar un trabajo: "No tenemos derecho a ir a otro país, no tenemos derecho a vivir, estamos atrapados en este país. No puedo viajar por la Unión Europea porque no tengo residencia, estamos atados, no son sólo los brasileños o los africanos, son todos, esto nos pasa a todos los inmigrantes, nos tratan como basura".

La Associação Solidariedade Imigrante denunció recientemente a Lusa que existen "auténticas mafias" que venden citas del SEF a los inmigrantes por cientos de euros: "Las mafias organizadas y los bufetes de abogados se llevan todas las citas.Cuando abren citas, duran 15 minutos en la plataforma del SEF", sostuvo el presidente de la asociación, al entender que se está "explotando" a los inmigrantes al cobrarles "cientos de euros por una cita". A principios de junio, el ministro del Interior reconoció en el Parlamento que existe una "apropiación ilegítima" de las agendas digitales en el SEF para los inmigrantes, avanzando que este sistema está siendo revisado.

Eduardo Cabrita subrayó que las investigaciones internas y el Ministerio Público no investigaron responsabilidades penales, sino que identificaron "prácticas erróneas, especialmente de algunos despachos de abogados que al final acapararon las aperturas de las citas digitales", habiéndose "puesto límites al número de citas realizadas". El Bloque de Izquierda ha denunciado que hay inmigrantes que tardan más de dos años en conseguir una cita en el Servicio de Extranjería y Fronteras, así como las dificultades para acceder a la plataforma SAPA.

En junio, el SEF informó a Lusa de que las plazas para atender a los inmigrantes que tienen procesos pendientes en ese servicio están "totalmente cubiertas a 30 de octubre" y no hay previsión de abrir nuevas vacantes.Los datos divulgados entonces también indicaban que 223.000 extranjeros con expedientes pendientes en el SEF tienen su situación regularizada temporalmente en Portugal por la pandemia del covid-19, amparados por una orden del 30 de abril que les permite obtener el número de usuario, acceder al Servicio Nacional de Salud, a los servicios de apoyo social y a la firma de contratos de alquiler y de trabajo, así como abrir cuentas bancarias y contratar servicios públicos esenciales.