La diputada Cristina Rodrigues (ex-PAN) ya es conocida en los medios de comunicación portugueses por dar voz a cuestiones controvertidas y, en este caso, saca a relucir un nuevo tema: la violencia obstétrica.

En Portugal, este es un tema en el que todavía hay poco esclarecimiento, con muchas voces femeninas que afirman que el problema existe en el país, pero sin que haya suficientes datos y debates en torno al tema.

Problemas como el uso de la fuerza o las restricciones físicas, el lenguaje amenazante u ofensivo que afecte a la autoestima de la mujer o el uso de procedimientos no autorizados por la mujer o no recomendados por la OMS son la base del proyecto de ley.
El proyecto de ley 912/XIV/2 enviado al parlamento está disponible en: https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121036

¿Qué es la violencia obstétrica?

La violencia obstétrica se produce cada vez que una persona que está de parto o dando a luz experimenta malos tratos o la falta de respeto a sus derechos, incluyendo el ser obligada a realizar procedimientos contra su voluntad por parte de los profesionales de la salud.

Se supone que una atención materna respetuosa incluye: proporcionar una atención segura y oportuna, fomentar las interacciones positivas entre las matronas y las mujeres, proteger la confidencialidad, mantener un papel activo en el proceso del parto, obtener el consentimiento de las mujeres antes de realizar los procedimientos y proporcionar información sobre los mismos.

Sin embargo, en una encuesta realizada por la Asociación Portuguesa para los Derechos de la Mujer en el Embarazo en 2015, se encontró que más del 40 por ciento de las mujeres dijeron que no fueron consultadas sobre las intervenciones o exámenes realizados durante el trabajo de parto y el parto y/o no tuvieron información sobre las opciones de parto.

Más del 10 por ciento de las mujeres señalaron que su experiencia influyó negativamente en su autoestima; el 43,8 por ciento de ellas dijo que no tuvo el parto que deseaba; y los datos también revelaron que al 18 por ciento de las mujeres encuestadas no se les permitió tener a su pareja presente en el parto.

Uno de los mayores problemas de los que habló la diputada fue el elevado recurso a la episiotomía, que se produjo en más del 60 por ciento de los casos y que se suele aplicar sin consentimiento y sin un motivo razonable.

La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en una incisión en el perineo, la región entre el ano y la vagina, para facilitar el paso del bebé, que "tiene como objetivo minimizar el desarrollo de laceraciones que, en última instancia, pueden afectar a los trastornos urinarios y de defecación", según el presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Nuno Clode, en un artículo de opinión en Observador.

Sin embargo, este método que se lleva a cabo de forma rutinaria ya ha sido criticado por la OMS: "Aunque la OMS ha considerado que el uso rutinario o liberal de la episiotomía no es recomendable para las mujeres en situación de parto vaginal, los médicos siguen haciéndolo muchas veces", reza la petición.

A su vez, la "ONU considera que la violencia obstétrica tiene un carácter generalizado y sistemático. La OMS ya ha emitido directrices para establecer normas mundiales de atención a las mujeres embarazadas sanas y para reducir las medidas médicas innecesarias, como las que no se están cumpliendo plenamente en Portugal", dice el diputado.

"En definitiva, nos encontramos con que la violencia contra la mujer en el parto está tan normalizada que todavía no se considera violencia contra la mujer", destacó.

Penalización de la violencia obstétrica en Portugal

Una petición, que hasta el momento ya ha sido firmada por casi 5.000 personas, servirá para reforzar el proyecto en el parlamento que establece un cambio en el código penal.

"Quien someta a una mujer, durante el parto, el alumbramiento o el puerperio, a una violencia física o psicológica que le cause dolor, daño o sufrimiento innecesario o limite su poder de elección y decisión, será castigado con una pena de prisión de hasta un año o con pena de multa", dice el proyecto.

En el caso de la mutilación, el proyecto de ley prevé una pena aún más severa: "Una pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 240 días" para las intervenciones realizadas por un médico u otra persona legalmente autorizada que tengan como resultado la mutilación genital de una mujer, en violación de las leges artis, creando así un peligro para la vida o un peligro de daño grave para el cuerpo o la salud".