En un documento oficial de la Consejería de Medio Ambiente, que entró en vigor el 3 de agosto, se destaca que "en la temporada de caza de 2021-2022 no se permite la caza de la tórtola", teniendo en cuenta que "las poblaciones de la tórtola común (Streptopeliaturtur) han mostrado un importante descenso en los últimos años, a pesar de las medidas de protección ya adoptadas, como la reducción del número de días de caza y de las cantidades diarias a sacrificar".

La ordenanza destaca que esta medida de protección está en consonancia con decisiones similares adoptadas por los países de la UE por los que pasa la ruta migratoria occidental de esta especie.

"Por tanto, se cumple la condición esencial para que esta medida tenga un impacto significativo sobre las poblaciones de tórtola común", se subraya.

La medida ya había sido anunciada la semana pasada por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), que entonces señaló que, en colaboración con las organizaciones del sector cinegético y las organizaciones no gubernamentales para el medio ambiente, se han tomado en los últimos años medidas para restringir la caza de esta ave.

Llamada de la tórtola europea (Streptopelia turtur)

El sábado, las Organizaciones del Sector Cinegético (OSC) de primer nivel criticaron la decisión del ICNF en un comunicado y exigieron compensaciones para el sector cinegético.

Las OSC criticaron el calendario, que fue anunciado a estas entidades por correo electrónico dos semanas antes de la apertura de la caza, "sin ningún tipo de consulta y debate con las partes interesadas", después de que se publicara el pasado 10 de mayo una ordenanza que contemplaba el permiso de caza de esta especie los días 15 y 22 de agosto y los días 5 y 12 de septiembre de 2021, en periodo matinal, hasta las 13:00 horas.

"Una decisión como ésta nunca podría haberse tomado sin ninguna consulta y debate con las partes interesadas", acusaron las OSC de primer nivel.

Subrayando las "grandísimas inversiones" realizadas por los cotos de caza para la gestión específica para la caza de la tórtola común, la reserva y venta de cacerías, la programación de viajes y las reservas de hoteles, las OSC subrayaron que las pérdidas derivadas de la prohibición "es algo de lo que el Estado portugués tiene que hacerse responsable".