Según el diario Público, que cita el último informe de la IGAI, las infracciones de los deberes de conducta de los agentes de la PSP, la GNR y el SEF y los delitos contra la integridad física representan casi dos tercios del total de las denuncias.

Desde 2017, las denuncias ante la IGAI han aumentado en torno al 13%, según el diario. Las denuncias y certificados judiciales que dieron lugar a procesos de investigación por parte de la IGAI pasaron de 950, en 2019, a 1.073, en 2020, muestra el citado informe, que también revela un aumento de los expedientes archivados el año pasado, de 91 a 124.

A pesar del aumento de las denuncias y de los expedientes disciplinarios, la IGAI solo aplicó ocho sanciones disciplinarias, una cifra que, sin embargo, es ligeramente superior a la de años anteriores (seis sanciones en cada año desde 2017). El informe no muestra, sin embargo, especificaciones sobre el tipo de sanción aplicada, ni a qué cuerpo de seguridad se refiere.

Un gran número de las denuncias se refieren a infracciones de los deberes de conducta de los agentes de la PSP, la GNR y el SEF, que representan el 42,3 por ciento del total. Las denuncias calificadas como delitos a la integridad física suponen el 20 por ciento del total, es decir, 120 casos, lo que se caracteriza por tener un peso "muy significativo", añade el diario.

También hubo 14 denuncias contra 12 agentes de la PSP por prácticas discriminatorias. De hecho, la PSP es el cuerpo de seguridad sobre el que recayeron más denuncias, con un total de 530, de las cuales 126 fueron denuncias y certificados judiciales relativos a delitos contra la integridad física (agresiones y malos tratos).

A diferencia de otros años, en los que no se registraron muertes a manos de las fuerzas de seguridad, en 2020 la IGAI registró tres denuncias: una de la GNR, otra de la PSP y otra del SEF. " Dos de las muertes fueron con armas de fuego (de la GNR y la PSP) y ambas investigaciones fueron archivadas, sin referencia a qué casos estaban relacionadas".

La misión de la IGAI es controlar a las fuerzas de seguridad y otros servicios dependientes del Ministerio de Administración Interior. Le corresponde evaluar las denuncias e incoar procedimientos disciplinarios para investigar las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.