"Para disipar posibles malentendidos, es necesario reiterar, en el contexto de la organización del trabajo en la Administración Pública, la incompatibilidad entre la adopción de un régimen de teletrabajo y las funciones relacionadas con el servicio", se puede leer en la orden firmada por varios miembros del Gobierno.

En el documento, el Ejecutivo comienza refiriéndose a que las medidas para mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19 "se han ajustado teniendo en cuenta la evolución de los respectivos niveles y riesgos de propagación", señalando que el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio que determina que se recomienda el teletrabajo siempre que las actividades lo permitan.

El Gobierno también recuerda que, en octubre de 2020, se definieron las directrices para la administración pública en el contexto de la pandemia, en las que ya se establecía que "sólo se consideran compatibles con el teletrabajo todas las funciones que puedan realizarse fuera del lugar de trabajo y a través del teletrabajo, por ejemplo el uso de las tecnologías de la comunicación".

Ahora, el Gobierno ha decidido aclarar estas directrices, determinando que "se incluye la prestación de trabajo en el ámbito de los servicios públicos en los casos en que sea inseparable de la presencia física del trabajador en el centro de trabajo, no siendo compatible con el teletrabajo" , reza el despacho. La orden, firmada por los subsecretarios de Estado y Asuntos Fiscales, António Mendonça Mendes, de Justicia, Anabela Pedroso, de Administraciones Públicas, José Couto, y de Seguridad Social, Gabriel Bastos, fue criticada por el Sindicato de Técnicos del Estado (STE ). "La orden es totalmente redundante, ya que las orientaciones ya se habían dado a los servicios y a los directores, y les correspondía hacer esta lectura", dijo a Lusa la presidenta del STE, Helena Rodrigues.

La dirigente sindical considera que el Gobierno está así "disponiendo un chivo expiatorio para justificar el problema principal, que es la falta de personal en los servicios públicos". La mayor afluencia a los servicios públicos "es una situación que se repite todos los años durante las vacaciones de verano", dice Helena Rodrigues. "Lo que no se quiere ni admitir es que el peso del peor funcionamiento de los servicios recaiga sobre los trabajadores y se ponga en práctica la conocida maniobra de poner a los ciudadanos en contra de los ciudadanos", dice el STE, en un comunicado.