En una nota publicada en el sitio oficial de la Presidencia de la República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma haber tomado esta decisión "en vista de que puede tener efectos concretos sobre las autoridades locales y sus respectivos funcionarios y fue sometida a autorización después de la convocatoria de las elecciones municipales y del inicio del plazo de presentación de candidaturas".

El jefe de Estado devolvió el proyecto de ley a la Asamblea de la República "solicitando que reflexionen sobre el mismo una vez que se hayan realizado las elecciones, es decir, en un mes y dos días", se lee en la misma nota.

En la carta enviada al presidente de la Asamblea de la República, Eduardo Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que este proyecto de ley "es el resultado, de hecho, de la posible no aplicación de sanciones contra un número específico y limitado de autoridades locales, relacionadas con el PAEL".

"Parece de sentido común no causar una interferencia electoral con el mismo, e incluso un daño reputacional a las autoridades locales y a los alcaldes, salvaguardando así la separación entre la legislación sobre la gestión municipal y el actual período electoral", consideró el Presidente de la República.

Según la página web de la Asamblea de la República, este proyecto de ley, un texto final salido de la Comisión del Poder Local, basado en un proyecto del PS, fue aprobado en una votación final el 22 de julio con la abstención del CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

Al día siguiente de la aprobación del proyecto, el presidente del PSD, Rui Rio, acusó a socialistas y comunistas de "desvergüenza" al unirse para "votar una ley que simplemente impide que seis alcaldes, cinco del PS y uno del PCP, pierdan su mandato por haber violado esa misma ley, por no haber cumplido lo que se comprometieron a hacer".

El presidente del PSD, que hablaba en Tábua, en el distrito de Coimbra, dijo que "los alcaldes de Covilhã, Aljustrel, Vila Nova de Gaia, Cartaxo y Alfândega estuvieron a punto de perder su mandato municipal en los tribunales".

"Se juntaron, cambiaron la ley y, administrativamente, así de fácil es. Si por casualidad, uno de ellos no ha cumplido la ley, hay una solución, se cambia la ley. Este no es un método de Gobierno, ni es el rigor que el país merece y que los portugueses merecen", añadió entonces Rui Rio.

El PAEL estableció un régimen de concesión de créditos por parte del Estado a los municipios para saldar el pago de las deudas con los proveedores con una demora superior a 90 días, con referencia al 31 de marzo de 2012.

Al amparo de esta ley, 103 municipios suscribieron contratos de préstamo entre 2012 y 2015 con plazos máximos de vigencia de 20 o 14 años, según las respectivas situaciones del momento.

En virtud del proyecto de ley aprobado el 22 de julio y ahora rechazado, los municipios que recurrieron al PAEL no podían cobrar el tipo máximo del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IMI) exigido al adherirse al programa.