En un comunicado, el GEOTA afirma que el Gobierno pretende seguir adelante con el proyecto de Aprovechamiento Hidráulico Multipropósito de Crato (Portalegre), más conocido como presa del Pisão, incluido en el Programa Nacional de Regadíos, incluso sin haber estudiado todas las alternativas y consecuencias".

El GEOTA "condena" la intención de construir la presa y advierte de la "necesidad" de una evaluación ambiental estratégica, así como de la difusión del proyecto, que supondrá una inversión de 120 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

"El Aprovechamiento Hidráulico Multipropósito de Crato, conocido popularmente como la Presa del Pisão, se remonta a un proyecto original de los años 40 que, hasta la fecha, no ha sido objeto de un estudio de impacto ambiental ni de un proceso de consulta pública. El GEOTA denuncia la falta de transparencia en este proceso y no entiende que se ignore la legislación vigente", reza el documento.

El GEOTA recuerda que el proyecto de presa, cuya documentación "aún no está disponible" para la consulta pública, prevé la inundación de "10 mil hectáreas" donde se encuentra la aldea de Pisão, lo que "obligará" a la reubicación de su población.

"Como forma de compensación, se prometió que la población de la región se beneficiará del desarrollo de actividades agrícolas, agroalimentarias y turísticas", añaden.

Citada en el documento, la coordinadora del proyecto Ríos Livres, del GEOTA, Catarina Miranda, dice que las "promesas de compensación" hechas por el Gobierno son una "nube de humo" que "seguirá el ejemplo" de Alqueva, donde, desde hace casi dos décadas, la población "ya no tiene el dinero de la compensación, sigue sin tierra, sin trabajo y muchos ya han abandonado la región", como "demuestran" los Censos de 2021, que revelan una "disminución del 10 por ciento" de la población del municipio de Portel, Évora.

"Es realmente triste ver que estas inversiones benefician a las grandes explotaciones agrícolas, dejando fuera a los productores locales", dice el funcionario, citado en el documento.

El GEOTA añade que la región del Alentejo y la cuenca del Tajo son actualmente "objetivo de la explotación agrícola intensiva", que es "responsable del consumo del 75 por ciento del agua", causando "impactos profundos" en el suelo, en la "reducción" de la calidad del agua y en la "pérdida" de la biodiversidad.

"Al apostar por el regadío y la agricultura intensiva, el Gobierno portugués va en contra de estrategias europeas como el Green Deal, la estrategia Farm to Fork (de Prado a Prato), la Directiva Marco del Agua y la Estrategia Europea para la Biodiversidad, que llaman a la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, advirtiendo de la necesidad de desarrollar sistemas agroalimentarios sostenibles", advierten.

El 30 de julio, en Crato, el Primer Ministro, António Costa, presidió la ceremonia de lanzamiento del proyecto de la presa de Pisão y la firma del respectivo contrato de financiación.

El contrato, por valor de 120 millones de euros, fue firmado entre la estructura de la misión Recuperar Portugal y la Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo (CIMAA).

En total, se prevé una inversión de 171 millones de euros, de los cuales 120 millones están inscritos en el PRR.

Las obras de construcción se iniciarán hasta 2023, para que el proyecto pueda empezar a "funcionar plenamente" en 2026, según el presidente de la Cámara de Crato, Joaquim Diogo.

Según la CIMAA, la futura estructura beneficiará a unas 110 mil personas de los 15 municipios del distrito de Portalegre y su "principal objetivo es garantizar la disponibilidad de agua para el consumo urbano".

Además, pretende "reconfigurar la actividad agrícola y crear oportunidades para nuevas actividades económicas, concretamente en lo que respecta a la agricultura, el turismo y el sector energético", ya que también incluye una planta fotovoltaica flotante (cuya financiación quedó fuera del PRR).