Según Lusa, en el proyecto de ley, que está firmado por el líder del partido, André Ventura, Chega propone cambiar el Código Penal con el objetivo de crear una "nueva disposición normativa que atribuya a los denunciantes, en los casos de delitos de corrupción e influencias ilegales, el 10 por ciento de los bienes o ingresos incautados o confiscados como producto de los actos delictivos".

Ventura considera que esto es "esencial para proteger adecuadamente a los denunciantes de delitos de corrupción", mientras que el partido también destaca que se debe consagrar un "estímulo económico que ayude a romper los lazos de lealtad institucional o incluso de dependencia financiera".

"Es importante crear factores de motivación adicionales que liberen al denunciante del entramado delictivo y del conjunto de dependencias asociadas", reza el diploma.

Chega propone modificar los artículos 335 y 374B del Código Penal -que legislan, respectivamente, el tráfico de influencias y la exención o atenuación de la pena- para que contemplen, en ambos casos, que el denunciante sea "fundamental para el descubrimiento y castigo de los delitos" de corrupción pasiva o activa y se beneficie de una "atribución del 10 por ciento de los ingresos incautados o confiscados como producto de la actividad delictiva".

Según el proyecto de ley, la cantidad que se otorgaría al denunciante sería determinada "por el tribunal" y pasaría a ser "parte integrante de la sentencia definitiva".

En el documento, Chega considera que la "lucha contra la corrupción ha sido, en Portugal, manifiestamente insuficiente" y, a pesar de reconocer que el Gobierno "ya ha aprobado una serie de normas sobre la materia", alega que "existe una excesiva garantía de las normas procesales y materiales en materia penal", así como un "desinterés de algunos agentes públicos" por el fenómeno.

"Queda mucho camino por recorrer en este ámbito, pero con voluntad política e imaginación legislativa, es posible dar ciertos pasos seguros hacia la eliminación de la corrupción en Portugal".