En una entrevista concedida a la revista Sábado, Leão dijo: "En el Programa de Estabilidad, ya preveíamos alrededor de 1.000 millones de euros para el año, 990 millones [frente a los 970 millones de este año]", y añadió que el dinero servirá "para capitalizar TAP y garantizar que tenga los ratios financieros adecuados que le permitan ser una empresa creíble y que pueda funcionar de forma saludable".

Preguntado por los riesgos de no aprobar el plan de reestructuración de TAP, el responsable gubernamental dijo que está trabajando para que pueda ser aprobado.

"No vemos ninguna razón para que no se apruebe", mantuvo.

La presidenta ejecutiva Christine Ourmières-Widener es la encargada de llevar a cabo el plan de reestructuración de la aerolínea, propuesto a la Comisión Europea en diciembre del año pasado, pero que aún no ha recibido luz verde.

Christine Ourmières-Widener también dijo que el despido colectivo que está llevando a cabo la compañía abarcará a 78 trabajadores, por debajo de los 124 previstos.

En 2021, el Gobierno inyectó 970 millones de euros en TAP, una medida calificada como temporal y cuyo efecto en las cuentas públicas debe revertirse en 2022 y 2023, según el Programa de Estabilidad (PE).

Tras la inyección de 970 millones de euros "a adoptar" en 2021, el Gobierno prevé que el efecto de 170 millones de euros de la misma se revierta en 2022, estimando lo mismo para los 800 millones restantes en 2023.

El 12 de marzo, el Gobierno presentó a la Comisión Europea una notificación para la concesión de una ayuda financiera a TAP de hasta 463 millones de euros que "permitirá a la aerolínea garantizar la liquidez hasta la aprobación del plan de reestructuración".

En 2020, TAP volvió al control del Estado, que ahora posee el 72,5% de su capital, después de que la compañía se viera gravemente afectada por la pandemia de Covid-19 y la Comisión Europea autorizara una ayuda estatal de hasta 1.200 millones de euros a la aerolínea de bandera portuguesa.