Además del proyecto de ley del Ejecutivo socialista, la Asamblea de la República también debatirá el proyecto de resolución del CDS/PP sobre la adquisición de cámaras corporales, para los vehículos de servicio y para la videovigilancia en las comisarías y puestos de policía.

La propuesta que regula el uso de sistemas de vigilancia por videocámaras por parte de las fuerzas y servicios de seguridad prevé la ampliación del uso de estas tecnologías por parte de la policía, permitiéndose las 'bodycams' por parte de elementos de la PSP y de la GNR, los 'drones' y varias videocámaras en apoyo a la actividad policial y al control del tráfico en carreteras, tráfico marítimo y fluvial, movimiento de personas en las fronteras y en operaciones de búsqueda y rescate.

Las 'bodycams', pequeñas cámaras de vídeo incorporadas a los uniformes de los agentes de la PSP, han sido uno de los instrumentos demandados por la policía y objeto de debate, sobre todo a raíz de algunos casos mediáticos en los que se filman y comparten imágenes de operaciones policiales a través de teléfonos móviles.

Por ello, esta propuesta, que contempla la posibilidad de que los elementos de la PSP y la GNR utilicen cámaras de videovigilancia portátiles en las intervenciones policiales, ha sido bien recibida por los agentes.

La propuesta indica que las 'bodycams' deben colocarse "de forma visible, en el uniforme o en el equipo", y la captación y grabación de imágenes y sonido sólo puede "producirse en caso de intervención del elemento de las fuerzas de seguridad, es decir, cuando esté en juego la ocurrencia de una infracción penal, situación de peligro, emergencia o alteración del orden público, y el inicio de la grabación debe ir precedido de un aviso claramente perceptible, siempre que la naturaleza del servicio y las circunstancias lo permitan".

Las características y normas de uso de las cámaras "bodycams", así como la forma de transmisión, almacenamiento y acceso a los datos recogidos, serán también objeto de una ordenanza que deberá aprobar el ministro de Administración Interior.

La propuesta derogará la ley de 2005 sobre videovigilancia, que fue modificada en 2012, justificando el Gobierno los cambios actuales con "los avances tecnológicos, que han provocado cambios significativos respecto a las características técnicas de los sistemas que el mercado ofrece en cada momento".

El Gobierno también afirma que no se pidió opinión a la Comisión Nacional de Protección de Datos, entidad que debe ser escuchada por la Asamblea de la República en el proceso legislativo.