En un comunicado, UMinho añade que el estudio, firmado por Jorge Martins Ribeiro, de la Facultad de Derecho, también concluye que la ley actual "es ineficaz" y "no protege" a quienes ejercen la prostitución y propone "cambios urgentes" en el Código Penal.

"Hay una hipocresía que domina el debate y las prohibiciones se dirigen a los más expuestos y vulnerables", señala el investigador.

Jorge Martins Ribeiro se opone a que el legislador confunda a quienes ejercen la prostitución con quienes son víctimas de la explotación sexual, al igual que lamenta que el legislador acabe delegando la organización del trabajo sexual en los explotadores sexuales.

Por ello, propone cambios "urgentes" en el Código Penal, como eliminar la expresión "prostitución infantil", defendiendo que, al ser menores, se trata de explotación sexual.

También propone modificar el apartado 1 del artículo 169 del Código Penal, sobre el delito de proxenetismo simple, que considera inconstitucional.

Ese artículo dice que "quien, profesionalmente o con ánimo de lucro, fomente, favorezca o facilite el ejercicio de la prostitución por parte de otra persona es castigado con prisión de seis meses a cinco años".

Para Jorge Martins Ribeiro, el "modelo abolicionista" vigente en Portugal desde 1983 es ineficaz.

"La prostitución no ha sido abolida, como nunca lo ha sido, prolifera en las calles, en las aceras, en las casas de alterne, en los hogares y en miles de anuncios diarios en Internet y en los medios de comunicación", sostiene.

El tema de la legalización de la prostitución fue la base de la tesis doctoral de Jorge Martins Ribeiro, ahora publicada en un libro.

Titulada "De la ley del deseo al deseo de la ley - discusión de la legalización de la prostitución como prestación de servicios en el ordenamiento jurídico portugués", la tesis atraviesa las áreas de la sociología, la psicología y la medicina, junto con el derecho constitucional, penal, civil, laboral, fiscal, de seguridad social y de derechos humanos.

También compara el marco jurídico de 11 países y evalúa las leyes y recomendaciones internacionales, como las de las agencias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo sobre el ejercicio de la prostitución. También contiene estadísticas sobre la ayuda a la inmigración ilegal, la trata de personas y sus respectivos fines (sexuales, agrícolas, trabajos de construcción) por sexo y actividad, entre 2014 y 2019.

"Los datos indican que la mayoría de la población portuguesa está a favor de la legalización del ejercicio de la prostitución, por lo que también es imprescindible que el legislador la reconozca como tal, distinguiéndola de las prácticas de explotación sexual, que sí son delictivas", subraya la investigadora.