En declaraciones a los periodistas al margen de las conmemoraciones del 76º aniversario del PJ, Luís Neves explicó que esa dotación de medios debe producirse en el marco de una reserva de contratación que fue aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 para ser aplicada en 2020 y 2021.

"Si los medios que pretendemos, ya sea desde el punto de vista de los inspectores o de los medios tecnológicos especializados -ya están decididos, están en marcha-, llegan a estar disponibles como esperamos, la delincuencia económica y financiera y la corrupción tendrán la mayor dotación de recursos que haya tenido nunca", subrayó.

Para Luís Neves, la lucha contra la corrupción es también una lucha contra la exclusión social.

"Los fondos públicos que se desvían por estas vías son fundamentales para el equilibrio de la sociedad y, sobre todo, para poder ayudar a las personas más desfavorecidas a salir de los márgenes de la exclusión social", dijo.

Según el responsable del PJ, actualmente hay 100 nuevos inspectores en formación, como parte de la apuesta por el rejuvenecimiento de la clase.

"Es evidente que necesitamos rejuvenecer y traer gente más joven a la institución", admitió.

Luís Neves dijo que espera que, en cuanto estos 100 nuevos elementos terminen su formación, pasen a la reserva de contratación.

Además, recordó que a finales de 2020 el Ministerio de Hacienda aprobó la apertura de un concurso para 30 expertos, y este año se abrirán vacantes para 35 expertos.

Según dijo, hacía más de 10 años que no se convocaba un concurso para la admisión de peritos.

Las conmemoraciones del 76º aniversario del PJ tuvieron lugar en los nuevos locales de la delegación de Braga, recientemente adquiridos y que "pronto" comenzarán a utilizarse.

Se trata del edificio de la extinta Associação Industrial do Minho (AIMinho), adquirido por el Estado por 2,5 millones de euros.

AIMinho está en el centro de un juicio por un presunto fraude de casi 10 millones de euros, con 120 acusados (77 personas y 43 empresas).

Los acusados responderán por asociación delictiva, fraude en la obtención de subvenciones, fraude cualificado, blanqueo de capitales, falsificación y fraude fiscal cualificado, remontándose al periodo entre 2008 y 2013.

El principal acusado es António Marques, presidente de AIMinho hasta la liquidación de la asociación, decretada en septiembre de 2018 por el Tribunal de Vila Nova de Famalicão, a raíz de una deuda de más de 12 millones de euros.