La ley publicada en el Diário da República prevé el fin del SEF el 11 de enero de 2022.

La proposición de ley del Partido Socialista entregada a la Asamblea de la República aplaza la extinción de este servicio de seguridad otros seis meses con la justificación de la evolución de la situación epidemiológica del Covid-19 en las últimas semanas en Portugal, que prevé "la necesidad de reforzar el control en las fronteras, concretamente en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de las normas relativas a las pruebas".

El diploma del 12 de noviembre determina que las actuales competencias administrativas del SEF en relación con los ciudadanos extranjeros serán ejercidas por la Agencia Portuguesa de Migración y Asilo (APMA), que el Gobierno deberá crear por decreto-ley, y por el Instituto Registral y Notarial (IRN), además de la transferencia de las competencias policiales a la PSP, la GNR y la PJ.