El estudio revela que la gran mayoría de los países tienen dificultades para regular el tratamiento fiscal y el sistema de seguridad social de esta nueva tendencia, informa El Economista. Los suministros y gastos de oficina son las contrapartidas más comunes de las políticas existentes.

En España, por ejemplo, las empresas están obligadas a pagar los costes y gastos inherentes al teletrabajo si este régimen es superior al 30% del tiempo total trabajado. Pero en la actualidad no existe una regulación específica sobre la remuneración otorgada.

Portugal, por su parte, ha regulado este año el teletrabajo y las empresas están obligadas a pagar los gastos adicionales del mismo, como los de energía e internet, según las enmiendas a la ley laboral aprobadas en el Parlamento. Sin embargo, a pesar de los cambios en la ley laboral, más del 60% de las empresas se niegan a pagar los gastos de teletrabajo.