Actualmente, la ley determina que durante cinco años las personas que entran en concurso de acreedores están limitadas en su vida financiera, periodo que ahora se reduce a tres años, tras los cuales finaliza el periodo de cesión de rentas disponibles, liberándose del resto de deudas.

"Si el deudor es una persona física, se le podrá conceder la exención de los créditos de la insolvencia que no sean pagados en su totalidad en el proceso de insolvencia o en los tres años posteriores a su cierre", dice la ley publicada en el Diário da República.

Además de esta reducción del plazo, también se prevé la posibilidad de embargo o venta de activos al final de la liquidación del patrimonio del deudor y después del cierre del proceso de insolvencia, con el fin de entregar el valor de los activos a los acreedores.