Esta es la conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que sostiene que "la fiscalidad de la energía puede contribuir a los esfuerzos para combatir el cambio climático, pero los niveles actuales de imposición no reflejan el grado de contaminación en la UE".

Por países, en lo que respecta a los impuestos explícitos sobre el dióxido de carbono, Portugal es el séptimo de la UE que más cobra, con 23,8 euros por tonelada de CO2, lo que, según el informe del TCE, cubre el 29% de los gases de efecto invernadero en los sectores del transporte y la calefacción.

"Hay países que están muy por debajo del valor de Portugal, como Polonia, que cobra 0,10 euros por tonelada de CO2, pero también hay otros que están muy por encima, como Suecia, que cobra más de 100 euros por tonelada de CO2", dice Viorel Ştefan, miembro del TCE responsable del documento.

Se trata del impuesto sobre el carbono, en vigor desde 2015 en Portugal (en el ámbito del impuesto sobre el petróleo y los productos energéticos), que se creó para permitir la descarbonización de la economía y estimular el uso de fuentes de energía menos contaminantes.

A nivel de la UE, la aplicación de impuestos sobre el carbono ha ido en aumento y, en la actualidad, hay 14 Estados miembros que fijan directamente los precios de las emisiones de CO2, cuando en 2008 sólo había siete.

Aun así, "los niveles de imposición en los Estados miembros de la UE para usos energéticos, excluyendo los combustibles para el transporte por carretera, están por debajo de los 30 euros por tonelada de CO2", observa el TCE.

En una reciente evaluación comparativa de los precios nacionales del dióxido de carbono en relación con diferentes niveles de coste medioambiental, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluyó que el precio de 30 euros por tonelada de CO2 es "históricamente bajo".

Para la OCDE, el valor de 60 euros por tonelada de CO2 ya permite una "descarbonización lenta" y el de 120 euros por tonelada de CO2 es "más coherente con las estimaciones recientes de los costes sociales globales del dióxido de carbono".

En declaraciones a Lusa, Viorel Ştefan destaca que "un hecho positivo es que Portugal tiene mayores subvenciones para las energías renovables que para los combustibles fósiles".

Aun así, este no es el escenario en toda la UE, ya que según el TCE, 15 Estados miembros destinan más ayudas (como financiación o exenciones fiscales) a los combustibles fósiles que a las energías renovables, lo que dificulta la transición verde.