La propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (OE2023), que el Gobierno entregó a la Asamblea de la República, afirma que la prioridad se centra "en la defensa de los principios de solidaridad y responsabilidad compartida, según un enfoque humanista del fenómeno migratorio, sin descuidar la necesaria promoción de la seguridad interior en cuanto a la regularidad de las rutas migratorias y la lucha contra el tráfico de seres humanos".

Para ello, el Gobierno prevé la separación orgánica entre las funciones policiales y las administrativas de autorización y documentación de los inmigrantes, proceso que está en marcha con la reestructuración del sistema portugués de control de fronteras.

El documento establece que las funciones del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) en materia policial y de investigación criminal se transfieren a la Guardia Nacional Republicana, a la Policía de Seguridad Pública y a la Policía Judicial, mientras que sus competencias en materia administrativa quedan a cargo de una nueva entidad, la Agencia Portuguesa de Migración y Asilo, así como del Instituto de Registros y Notariado.