Según Notícias ao Minuto, en total, la PJ realizó cerca de 100 registros domiciliarios y no domiciliarios en los municipios de Oporto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra y Funchal.

En la operación, denominada "Operación Almirante", "han participado alrededor de 250 agentes de la Policía Judicial de diversos departamentos, así como 35 funcionarios de Hacienda, con la participación de un magistrado judicial, el Fiscal Europeo y dos fiscales europeos delegados de Portugal".

"También se incautaron vehículos a motor y otros bienes de lujo, equipos informáticos, dinero por valor de más de dos millones de euros, así como diversa documentación".

Esta operación de la PJ se basó en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea, en la que se cumplieron órdenes de detención y registros domiciliarios y no domiciliarios, por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Alcance europeo

La operación supuso la adopción de medidas no sólo en Portugal, sino también en Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Eslovaquia, Grecia, Austria, Lituania y Chipre.

La Fiscalía Europea confirmó que el delito consistía en "una compleja trama de fraude del IVA basada en la venta de productos electrónicos". La estimación de los daños investigados en el marco de la "Operación Almirante" asciende actualmente a 2.200 millones de euros.

Según la Fiscalía, en abril de 2021, la Agencia Tributaria portuguesa en Coimbra "investigaba a una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, por sospecha de fraude en el IVA".

"Desde el punto de vista nacional, en base a la investigación administrativa, la facturación y las declaraciones fiscales parecen estar en orden", sin embargo, una investigación más profunda, entre varias autoridades internacionales, terminó estableciendo "gradualmente vínculos entre la empresa sospechosa en Portugal y cerca de 9.000 otras entidades legales, y más de 600 individuos ubicados en diferentes países".

Dieciocho meses después de recibir la denuncia inicial, la Fiscalía Europea saca a la luz "lo que se cree que es el mayor fraude del carrusel del IVA jamás investigado en la UE".

Las actividades delictivas se extendieron por los 22 Estados miembros de la Fiscalía Europea, así como "a través de Hungría, Irlanda, Suecia y Polonia, junto con terceros países como Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos".

"Extraordinaria complejidad"

Además de la magnitud del daño, lo que destaca del fraude, según la Fiscalía, "es la extraordinaria complejidad de la cadena de empresas".

"Desde las empresas que actuaban como proveedores aparentemente limpios de dispositivos electrónicos y que reclamaban a las autoridades fiscales nacionales la devolución del IVA mientras vendían estos dispositivos por Internet a clientes particulares -y que posteriormente canalizaban el producto de esas ventas al extranjero antes de desaparecer- hasta las empresas que limpiaban el producto de esta actividad delictiva".

Sin embargo, estas actividades no habrían sido posibles "sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales tiene funciones específicas en el esquema general".