La ley actualmente en vigor determina que no puede haber lugar a "la venta de inmuebles" cuando estos, pese a estar pignorados en el marco de una deuda tributaria, se destinen "exclusivamente a la residencia propia y permanente del deudor o a la de su unidad familiar".

Este "freno" a la venta de viviendas familiares pignoradas por Hacienda está en vigor desde mayo de 2016, fruto de las propuestas del PS, PCP, BE y Verdes.

En respuesta a Lusa, una fuente oficial de la Autoridad Tributaria y Aduanera(AT) precisó que, entre 2019 y octubre de este año, la ley en cuestión abarcó 2.318 situaciones.

El número de viviendas propias y permanentes embargadas con pasos de venta suspendidos ascendió a 838 en 2019, según los mismos datos de la AT que también indica que en 2020 se contabilizaron 636 de estas situaciones y 252 en 2021.

Este año, entre enero y octubre, se han pignorado 592 viviendas, pero cuya venta está suspendida en virtud de la citada ley.

La misma fuente oficial de AT precisó que el descenso observado en 2021 refleja los efectos de las medidas adoptadas entonces en el contexto de la mitigación de los efectos de la pandemia del covid-19, a saber, la decisión de suspender toda la tramitación de los procedimientos de ejecución tributaria, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021.