La vivienda es un tema muy delicado en estos momentos en Portugal. Tras una fuerte presión social para resolver un problema que ha ido creciendo en los últimos años, concretamente en Lisboa, Oporto y también en la región del Algarve, el Gobierno decidió el 16 de febrero que intervendría en la economía. Sin embargo, si para algunos esta intervención era largamente esperada, para otros puede representar una violación de sus derechos más fundamentales.

Conozca a continuación algunas de las principales medidas del proyecto de ley "Más Vivienda":


Aumento de la vivienda


El gobierno permitirá que los locales comerciales se destinen a vivienda, sin que sea necesario ningún permiso. Además, el Estado podrá poner suelo a disposición del régimen de contratos de promoción de viviendas para el desarrollo de proyectos de vivienda asequible.


También han sacado adelante una medida que reduce en tres puntos porcentuales el impuesto de IRPF sobre las rentas de alquiler, del 28% al 25%.


Facilitar la concesión de licencias


La idea es agilizar los procesos de concesión de licencias (que a veces pueden tardar años), penalizando a los ayuntamientos cuando tarden demasiado en expedirlas. Además, también se penalizará a los promotores que no cumplan los plazos de construcción.


Apoyo a los inquilinos


El Estado pagará los alquileres después de tres meses de impago, con el fin de reforzar el mercado del alquiler. Según el Gobierno, "todas las solicitudes de desahucio recibidas después de tres meses de impago" podrán ser pagadas por el Estado.

Por otro lado, el Estado se situará en la posición del arrendador para cobrar las rentas adeudadas y, si existe una "causa socialmente razonable" que justifique el incumplimiento, el Estado asumirá su papel apoyando el pago de las rentas o avanzando con una medida de realojo.

El Gobierno ofrecerá ayudas al alquiler (un máximo de 200 euros) para apoyar a las familias que destinen más del 35% de sus ingresos a la vivienda.


Aumento de la vivienda pública


Esta propuesta prevé una exención del impuesto sobre plusvalías (impuesto que grava a los propietarios que han vendido su vivienda) si venden sus casas al Estado. A continuación, el Estado pondrá estas viviendas en el mercado de alquiler asequible.


Hipotecas


También habrá una exención de las plusvalías por la amortización de hipotecas de vivienda habitual del propietario o de sus hijos. Además, en el crédito a la vivienda, aunque muchos bancos están dificultando a sus clientes el acceso al tipo fijo, será obligatorio ofrecer esta posibilidad a quienes busquen un préstamo.


Visados de oro


Con el fin de la especulación inmobiliaria a la vista, el Gobierno ha decidido dejar de conceder visados dorados. Sin embargo, "en cuanto a los visados de oro ya concedidos, sólo habrá lugar a su renovación si las viviendas que han comprado se destinan a su primera residencia o a la de sus hijos, o si la propiedad se pone permanentemente en el mercado de alquiler", anunció el Primer Ministro.


Las rentas de los nuevos contratos de alquiler tendrán ahora criterios que limiten su incremento. "Para los nuevos contratos, la nueva renta deberá resultar de la suma de la última renta con las actualizaciones que se hubieran podido realizar durante la vigencia del contrato", explicó el Primer Ministro.


Además de estos dos criterios, el valor del nuevo alquiler también podrá tener en cuenta la inflación del 2 por ciento definida por el Banco Central Europeo (BCE).


Créditos: PA; Autor: PA;

¿Qué preocupa a los propietarios?


Dada la actual crisis inmobiliaria, los propietarios que tengan casas sin uso podrían verse obligados a alquilarlas a familias. Si esto ocurre, el Estado podría promover el alquiler por sí mismo y luego pagar el alquiler al propietario.


"Si los propietarios no quieren alquilarla al Estado, se les dará un plazo formal para que utilicen la vivienda", señala el documento, que subraya que sólo después de este plazo "el Estado podrá alquilar la vivienda de forma obligatoria, considerando el interés público".

Así, el Estado financiará a los ayuntamientos para que realicen obras y sobre esas viviendas vacías para ponerlas después en el mercado de alquiler.


Alquiler de viviendas


Otra medida que está generando mucha indignación es la de fomentar el traspaso de AL al mercado de alquiler. Así, se prohibirán las nuevas licencias de alojamientos locales, con la excepción de las AL rurales en concejos del interior donde no haya presión inmobiliaria. En cuanto a las licencias actualmente en vigor, en 2030 serán reevaluadas y después cada cinco años.

Además, los condominios podrán poner fin a las licencias de alojamiento local concedidas sin su aprobación, según el programa "Más Vivienda".

Para fomentar la transferencia de AL al mercado del alquiler, los propietarios que lo hagan se beneficiarán de una fiscalidad cero sobre el IRS hasta 2030, siempre que transfieran las propiedades antes de 2024.


Diferentes puntos de vista


Si, por un lado, la vivienda es un derecho de todos los ciudadanos consagrado en la Constitución, por otro los propietarios consideran que estas medidas vulneran su derecho a la propiedad y a la iniciativa privada.

La propuesta "de alquiler obligatorio de los inmuebles vacíos es un ataque a la propiedad privada", acusa la Asociación Portuguesa de Promotores e Inversores Inmobiliarios (APPII), que considera que, en este caso, contribuirá "aún más a quitar la confianza" a los inversores.



La Asociación de Albergues de Portugal afirmó que las medidas presentadas por el Gobierno para la vivienda, en concreto para el alojamiento local, "no fueron pensadas" y "destruirán innumerables negocios".

"La Asociación de Albergues de Portugal se vio sorprendida, el pasado 16 de febrero, por las medidas presentadas por el Gobierno para el paquete Mais Habitação", dijo, destacando que "no fue involucrada, ni consultada sobre estas medidas, concretamente las relacionadas con el AL". Por ello, los propietarios de Alojamientos Locales están planeando una protesta para el 1 de marzo en Lisboa contra estas medidas del Gobierno.

Por otro lado, la Asociación de Inquilinos de Lisboa (AIL) se mostró satisfecha con las nuevas medidas legislativas en materia de vivienda presentadas por el Gobierno. Su presidente, Romão Lavadinho, considera positivas las medidas presentadas, pero teme que el Gobierno tarde demasiado en ponerlas en práctica.

"Esperamos que no sea otra decisión que tarde cinco o diez años en estar en vigor. Así que lo que proponemos es que se aplique rápidamente, para que los inquilinos y los propietarios puedan beneficiarse de estas propuestas", declaró a SIC Notícias.


Con todo, todos aquellos que no estén de acuerdo con esta propuesta pueden expresar su voluntad hasta el 10 de marzo, ya que este proyecto de ley está en consulta pública en https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=287 .


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins