El Gobierno anunció, en su último Consejo de Ministros, cambios en la normativa de los Locales de Acogida, dificultando las cosas a los condóminos que quieran acabar o impedir que este tipo de negocios se desarrollen en los edificios donde viven.
La medida, aprobada por el Gobierno de Luís Montenegro, invierte la posición del Gobierno socialista.
En su página web oficial, y tras el Consejo de Ministros, el Gobierno anunció que "aprobó el proyecto de Decreto-Ley que modifica el marco jurídico de funcionamiento de los establecimientos de hospedaje local para consulta de los órganos competentes de las Regiones Autónomas de Madeira y Azores y de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses".
"Tal y como decidió previamente el Consejo de Ministros, esta modificación elimina determinadas restricciones onerosas y desproporcionadas a la iniciativa privada en el sector y se centra en la descentralización de las competencias de regulación de las actividades de alojamiento local hacia los municipios, que son los encargados de adaptar la normativa municipal a las circunstancias locales", reza el texto.
Según un informe de Público, esta nueva ley establece que para prohibir la existencia de una AL, ésta debe ser "aprobada por la asamblea de condóminos por una mayoría que represente dos tercios del porcentaje del edificio y tiene efectos futuros, aplicándose sólo a las solicitudes de registro de alojamiento local presentadas después de la deliberación".
También añade que para proceder a una solicitud de prohibición será necesario probar, con "fundamentos en la práctica reiterada y comprobada de actos que perturben el uso normal del edificio, así como actos que causen molestias y afecten al resto de los condóminos", debiendo solicitar una decisión del alcalde.
En caso de cancelación, "se determina el cese inmediato del funcionamiento del establecimiento, sin perjuicio del derecho de audiencia previa", por un plazo máximo de cinco años.