La resolución recomienda la creación de "una estructura de misión independiente y multidisciplinar" para evaluar, "de forma objetiva y comparativa, cuánto cuesta vivir en las regiones autónomas, en el contexto nacional y europeo".

El objetivo es garantizar una "composición plural de esta estructura, asegurando la inclusión de representantes de todos los partidos representados en la Asamblea de la República", así como del Gobierno y de los gobiernos regionales de Madeira y Azores.

La estructura también debería incluir entidades académicas y científicas de "reconocida competencia en las áreas de economía regional, finanzas públicas y uso del suelo, planificación y cohesión territorial".

La evaluación deberá incluir "el análisis y la comparación de los costes reales" en sanidad, educación, transporte de mercancías y personas, construcción y vivienda, así como en energía, suministros, alimentación y bienes de primera necesidad.

Se recomienda un plazo "no superior a 12 meses para la presentación de un informe final, basado en datos oficiales, estudios comparativos y evidencias económicas", que sirva de referencia técnica y política para la "reformulación del modelo de financiación pública del Estado para las comunidades autónomas", reza la resolución.