No se trata de un acuerdo internacional más. Estamos ante un cambio de paradigma en la forma en que la humanidad contempla los dos tercios del océano que hasta ahora vivían en un vacío legal difícil de justificar.

Hablamos del llamado BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, un tratado que crea, por primera vez, un marco legal para proteger la biodiversidad en aguas internacionales. Aguas que no pertenecen a nadie, pero de las que todos dependemos. Y es precisamente aquí donde Portugal aparece con un papel que merece ser subrayado, no por vanidad diplomática, sino porque dice mucho de la forma en que el país se posiciona cuando decide asumir causas a largo plazo.

Portugal fue, una vez más, un respetado mediador en las negociaciones de Naciones Unidas. Supo hablar con los Estados costeros y los países sin litoral, defendiendo una idea simple pero poderosa: el océano es patrimonio común de la humanidad. Esta postura constructiva y creíble se expresó claramente en la organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Lisboa en 2022, un momento político que ayudó a desbloquear el consenso y crear el impulso final para la aprobación del tratado.

Pero este éxito no se explica solo por la diplomacia. También se explica por el conocimiento. La ciencia portuguesa estuvo en el centro de este proceso. Instituciones como IPMA, centros universitarios como CIIMAR o MARE, y la propia Estructura de Misión para la Extensión de la Plataforma Continental, aportaron datos esenciales sobre los ecosistemas profundos, la conectividad biológica y el impacto del cambio climático. Sin este trabajo técnico y científico sería imposible convertir las buenas intenciones en normas concretas.

Lo más interesante, en mi opinión, es observar lo que viene después. La aplicación del Tratado de Alta Mar abre oportunidades muy reales para Portugal. En primer lugar, en la creación y gestión de Áreas Marinas Protegidas que conecten nuestra Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental con el Alta Mar, contribuyendo al objetivo global de proteger el 30% del océano de aquí a 2030. En este ámbito, Portugal puede predicar con el ejemplo, combinando ciencia, tecnología y gobernanza eficaz.

Existe también una dimensión económica que no debe ignorarse. La necesidad de vigilar, controlar y gestionar estas zonas crea espacio para la innovación tecnológica. Satélites, sensores oceánicos, robótica submarina, análisis avanzado de datos. Instituciones como INESC TEC o CEiiA ya tienen competencias reconocidas a nivel europeo en estos ámbitos.

Por lo tanto, veo este tratado no sólo como un instrumento de conservación, sino como un catalizador para la economía azul portuguesa. Una invitación para que Portugal se afirme como una potencia marítima moderna, basada en el conocimiento, la innovación y una visión responsable del futuro. La alta mar ya no es tierra de nadie. Y Portugal está bien situado para ayudar a definir lo que puede ser.