El informe de admisibilidad, cuya autora es la diputada del PS Isabel Moreira, fue aprobado con los votos a favor de Livre y PS, las abstenciones de PSD e Iniciativa Liberal, y la oposición de Chega.


La petición en cuestión, que cuenta con 54 firmantes y cuya autora es Ana Luís Pinho, pide la ilegalización de Chega, argumentando que el partido incumple la Constitución, en particular el artículo que establece que "no se admiten asociaciones u organizaciones racistas o de ideología fascista".


Los peticionarios afirman que quieren "acabar con un partido de ideología y propaganda fascista inconstitucional".
Al tratarse de una petición con menos de 2.500 firmantes, no es obligatorio debatir la iniciativa en comisión o en el pleno. Sin embargo, según indican los servicios técnicos del Parlamento en la nota de admisibilidad, la petición se incluirá en el trámite de otra petición con un objetivo similar, que contaba con 12.209 firmas, fue admitida a debate el 28 de enero y se debatirá en el Pleno.


Antes de la votación, la ponente Isabel Moreira subrayó que la potestad de declarar la inconstitucionalidad de un partido corresponde al Tribunal Constitucional y no a la Asamblea de la República, pero la iniciativa es admisible por la posibilidad de que los bancos actúen y pidan la inconstitucionalidad de Chega después del debate en el pleno, posibilidad que consideró "improcedente".

La socialista citó otro informe de su autoría sobre una iniciativa similar debatida en 2020 para reforzar que la Constitución "no impone un modelo de tolerancia virtuosa" porque si lo hiciera "negaría el núcleo fundamental de la libertad de expresión y tendría que consentir la censura".

"Forma parte del Estado democrático de Derecho y, por tanto, de una Constitución democrática, asumir el riesgo de acoger a los intolerantes", subrayó.

La diputada de Chega Vanessa Barata acusó al diputado del PS de pretender "vincular a Chega con fenómenos como el discurso del odio, la retórica autoritaria, los comportamientos racistas o xenófobos", argumentando que "se trata de un juicio de valor político que no debería tener cabida en un informe que pretende ser riguroso e imparcial".

Vanessa Barata también subrayó que la Asamblea de la República no puede sustituir al Tribunal Constitucional y que "la persecución de Chega subvierte la democracia, ataca la pluralidad democrática, la libertad y el principio de separación de poderes".

Paulo Marcelo, del PSD, planteó dudas sobre la admisión de la petición por el Parlamento, ya que pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice la legalidad de Chega, lo que es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.

"No creemos que una petición con 54 peticionarios merezca más atención que ésta", añadió, señalando que los socialdemócratas no obstaculizarían el proceso, ya que los servicios técnicos habían aceptado la iniciativa y se había elaborado un "informe técnicamente correcto" tras esa decisión.

El 28 de enero, la Comisión de Asuntos Constitucionales admitió parcialmente a debate una petición del "Movimiento contra la Narrativa" que pedía la ilegalización de Chega, argumentando que este partido no respeta los valores y principios esenciales de la Constitución de la República.