Varios parlamentarios de Westminster instan al Gobierno británico a renegociar esta norma con la Unión Europea, alegando que la restricción obstaculiza considerablemente la movilidad tanto de los ciudadanos como de las empresas.

Este debate reviste especial importancia para Portugal, ya que el país sigue siendo un destino primordial para la comunidad británica, tanto para el turismo prolongado como para la inversión en segundas residencias, especialmente en las regiones del Algarve y Lisboa.

En la actualidad, los titulares de pasaportes británicos sólo pueden permanecer en el espacio Schengen 90 días por semestre. Esta restricción ha obligado a propietarios y jubilados a acortar sustancialmente sus estancias en Portugal.

Las consecuencias económicas de esta medida en Portugal son especialmente evidentes en los sectores inmobiliario y del turismo de invierno, ambos muy dependientes de los residentes estacionales británicos. Antes del Brexit, estas personas podían circular libremente; actualmente, la única opción legal para quienes pretenden superar el límite de tres meses es obtener un visado de residencia o de larga duración, como el visado D7.

La cuestión ha cobrado mayor urgencia con la inminente implantación del Sistema de Entradas y Salidas (SES) de la Unión Europea, que hará un seguimiento digital y automático de la duración de la estancia de los ciudadanos extracomunitarios. Este sistema hará prácticamente imposible que se detecten los excesos de estancia y someterá a los infractores a multas sustanciales y prohibiciones de entrada en el espacio Schengen de hasta 3 años.

Para los viajeros portugueses y las empresas nacionales que operan en el Reino Unido, este cambio de normativa podría suponer una mayor fluidez en las relaciones comerciales y profesionales.

Los diputados británicos, entre ellos Helen Morgan y Mary Foy, subrayan que la restricción afecta no sólo a los pensionistas, sino también a los profesionales y a las empresas orientadas a la exportación que necesitan viajar con frecuencia entre las dos regiones.

Aunque no es factible un cambio unilateral por parte del Reino Unido, ya que la norma de los 90 días es un reglamento estándar de la Unión Europea para terceros países, una excepción negociada para los ciudadanos británicos podría tener efectos inmediatos en la economía portuguesa.

Dicha excepción permitiría, por ejemplo, que miles de británicos mantuvieran pautas de consumo constantes, ya que la norma actual les obliga a desalojar sus residencias portuguesas a mitad de temporada, lo que crea lagunas en el comercio local y en los servicios comunitarios.