El Ministro también añadió que, si es posible, se debería analizar la urbanizabilidad del terreno, determinada por decisión administrativa, y las condiciones mínimas de habitabilidad previstas por la ley.

El ministro Manuel Castro Almeida, en su intervención en la comisión parlamentaria de Reforma del Estado y Administración Local, respondía así a una interpelación de Chega, que cuestionaba las estrategias del Gobierno para "erradicar e impedir la proliferación de construcciones ilegales en el territorio urbanizado".

Barrio de Almada

La diputada de Chega Patrícia Carvalho ejemplificó con "la dramática situación" del barrio de Penajoia, en Almada, con "una gigantesca proliferación de viviendas ilegales" en suelo estatal, sin saneamiento básico ni acceso a la electricidad, que "hacen conexiones ilegales" a partir de las casas legales de un barrio vecino, generando "revuelta entre estos residentes", que se sienten "abandonados por el Estado y el municipio".

Reconociendo que se trata de una "cuestión verdaderamente compleja", Castro Almeida subrayó que "corresponde a los ayuntamientos conceder licencias para las construcciones o detener las construcciones ilegales o demoler las construcciones ilegales ya construidas."

"Creo que debe seguir así", dijo, señalando que el Gobierno está revisando el marco legal de la construcción, que será presentado "muy pronto" al Parlamento.

"Y creo que la solución debería ser legalizar todo lo legalizable. Si se construye un edificio en un terreno que no era apto para la construcción, pero que podría ser apto por decisión administrativa, creo que la solución es legalizar la construcción", insistió, considerando que "sería ridículo obligar a demoler una casa y, al poco tiempo, revisar el Plan Director Municipal" (PDM) y hacer el terreno apto para la construcción.

Requisitos para la construcción

El ministro consideró que otra cuestión es valorar si la construcción cumple o no los requisitos de habitabilidad que estipula la ley.

"Lo que conozco del caso que usted mencionó son casas inapropiadas, inadecuadas para la construcción, para la habitabilidad, y creo que difícilmente podrían ser legalizadas", dijo en referencia a las viviendas precarias de Penajoia.

Para Castro Almeida, la mejor forma de evitar la proliferación de viviendas ilegales es "aumentar la oferta de suelo para construcción legal" y abaratar el suelo.

El ministro también consideró que el Estado central, en coordinación con los ayuntamientos, debe reforzar la inversión en vivienda para las personas más necesitadas y crear las condiciones para que "los promotores privados puedan iniciar y concluir más rápidamente sus proyectos de vivienda para poner en el mercado viviendas a precios inferiores a los prohibitivos" que existen en la actualidad.

El gobierno propuso, hace más de un año, una controvertida ley del suelo, ratificada por el parlamento con enmiendas, que da facilidades para transformar el suelo rural en suelo apto para la construcción de viviendas.