En su declaración, la asociación hace hincapié en la incertidumbre que sigue rodeando a las licencias de asistencia en tierra en los aeropuertos portugueses y advierte de que podrían provocar trastornos que afecten al sector turístico del país.

ANAV se refirió a los últimos acontecimientos en el proceso de licitación, en particular un litigio no resuelto, y señaló que el proceso sigue incompleto, a menos de 2 meses de la fecha límite.

La asociación advirtió de que estos asuntos sin resolver podrían perturbar las actividades aeroportuarias regulares.

Impacto en las operaciones aeroportuarias

Miguel Quintas, presidente de ANAV, expresó su profunda preocupación por la estabilidad del sector aeroportuario, señalando que los problemas no resueltos podrían afectar a la puntualidad de los vuelos, el tratamiento del equipaje y la experiencia general de los pasajeros durante la ajetreada temporada de verano.

El 18 de marzo, la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) afirmó que su gestión de la licitación de servicios de tierra se atiene a las normas legales, transparentes y éticas, y confirmó la recepción de todos los documentos necesarios del consorcio Clece/Sur el 15 de marzo.

A principios de este año, el regulador concedió al consorcio Clece/Sur una licencia de siete años para gestionar los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro, eligiéndolo frente a una oferta competidora de SPdH. El consorcio está formado por la española Clece y la división de asistencia en tierra de IAG, matriz de Iberia.

La ANAC ha declarado que está examinando los documentos presentados y que informará a las partes implicadas de sus conclusiones, tal como exige la ley.

El proceso de análisis puede tardar hasta 90 días en completarse, según su comunicación con Lusa.

El regulador asegura que "tendrá en cuenta la fecha de caducidad de las licencias actuales".

Sin embargo, el regulador reafirmó que tendrá en cuenta la expiración de las licencias actuales y la necesidad de mantener operaciones ininterrumpidas, comprometiéndose a tomar su decisión antes de que caduquen los permisos existentes.

Mientras tanto, Menzies ha iniciado acciones legales ante el Tribunal Administrativo y Fiscal de Lisboa para impugnar el resultado de la licitación, alegando que el diseño y la ejecución del proceso no abordaron plenamente la complejidad operativa y las exigencias de seguridad presentes en los aeropuertos más concurridos de Portugal.