Para combatir el ruido y salvaguardar el derecho al descanso de los residentes, el Ayuntamiento de Lisboa(CML) determinó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas para su consumo fuera de los establecimientos, en toda la ciudad, a partir de las 23:00 horas de domingo a jueves y a partir de medianoche los viernes, sábados y vísperas de festivos, y la medida entró en vigor el 14 de febrero.

Medida inadecuada

En respuesta a la agencia de noticias Lusa, la Plataforma Lisboa - Nuestras Voces, que incluye 19 asociaciones de residentes de las parroquias de Lisboa, dice que "la medida es tímida y claramente inadecuada a la dimensión real del problema que se vive en los barrios con mayor presión turística y vida nocturna", donde el consumo de bebidas alcohólicas en público se considera "el principal factor generador de ruido, desorden y disturbios en el espacio urbano".

Por ello, para los vecinos, es necesario prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, de forma similar a lo que ya ocurre en otras ciudades europeas, como Barcelona, Madrid, Ámsterdam, Brujas o Berlín, siendo esta opción "protectora de los negocios que funcionan legalmente, ya que el consumo vuelve a realizarse en el interior de los establecimientos", al tiempo que evita problemas como la venta ambulante ilegal o el consumo por parte de menores.

"Al mantener la posibilidad del consumo de alcohol en la calle, la medida implementada por el Ayuntamiento de Lisboa no aborda eficazmente el fenómeno del turismo de alcohol, que ha contribuido al desplazamiento de la población residente, a la degradación del espacio público, a la inseguridad nocturna y al colapso de la función residencial en las parroquias más afectadas", subraya la Plataforma.

Aumento de las quejas

La Plataforma ha recibido quejas de asociaciones de vecinos por "numerosas infracciones" de varios establecimientos que operan ilegalmente, sobre todo en las parroquias de Misericórdia, Estrela y Arroios, ya que la inspección "no es sistemática ni coherente" y resulta de "reducida eficacia ante la magnitud" del problema.

Desacuerdo del sector

Por otro lado, la Asociación Portuguesa de Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Similares(AHRESP) expresa "serias reservas" sobre la medida, entendiendo la necesidad de garantizar un equilibrio entre la calidad de vida de los residentes, la seguridad y el atractivo turístico, pero advirtiendo de que la prohibición transfiere "a los operadores económicos la responsabilidad de responder a fenómenos que, en muchas situaciones, no les son directamente imputables".

AHRESP señala que gran parte de los problemas derivan de comportamientos individuales o de bebidas adquiridas fuera de los establecimientos, por lo que considera "discutible que la respuesta pase por imponer restricciones generalizadas al sector", defendiendo excepciones a la prohibición, como los servicios de "comida para llevar".

Para la asociación, la aplicación uniforme de la medida a toda la ciudad y a los establecimientos, independientemente de su tipología, ubicación o perfil de funcionamiento, la convierte en "excesiva, injustificada y desproporcionada".

Por su parte, AHRESP ha elaborado un cartel para colocar en los establecimientos para advertir de la prohibición y prepara una encuesta con sus asociados para evaluar las repercusiones económicas y operativas de la medida.

No obstante, añade, "será principalmente durante la temporada alta turística cuando se perciba plenamente su efecto real sobre la actividad de los establecimientos."

La medida no garantiza el descanso

En una respuesta escrita enviada a Lusa, la presidenta de la Junta Parroquial de Misericórdia, Carla Almeida, considera que la medida, "de forma aislada, no está garantizando el descanso de los residentes", ya que "sobre el terreno la realidad sigue siendo preocupante".

La edil indica que persisten grandes concentraciones de personas en la vía pública en zonas como Bairro Alto, Cais do Sodré, Praça de São Paulo y Praça das Flores, "con un elevado consumo de alcohol, niveles de ruido inaceptables y ocupación desordenada del espacio público".

Según Carla Almeida, "la aplicación de la medida ha sido insuficiente", y siguen produciéndose fenómenos como el 'botellón', en el que jóvenes se reúnen en espacios públicos para consumir bebidas alcohólicas, a menudo con cajas de música portátiles, y la acumulación de basura en la vía pública.

"La medida es insuficiente, su aplicación es desigual y, sin actuar directamente sobre el consumo en espacios públicos, no se solucionará el problema", subraya Carla Almeida, que aboga por revisar y reforzar la medida, aumentar la vigilancia y la labor policial, aplicar "restricciones claras al consumo de alcohol en espacios públicos", revisar las prácticas y licencias incompatibles con las zonas residenciales, proteger a los comerciantes cumplidores y ajustar los recursos de limpieza urbana a la realidad del territorio.

Opinión contraria

En el lado opuesto, el presidente de la Junta Parroquial de Estrela, que abarca la zona de bares y discotecas de Santos, afirma que el efecto disuasorio de la medida "ha quedado patente en las acciones de control llevadas a cabo" por el ayuntamiento y la Policía Municipal, "sin que se haya registrado ningún incidente de violación" de las normas. "Consideramos de suma importancia mantener esta prohibición, con el fin de lograr un justo equilibrio entre el derecho al entretenimiento y el derecho al descanso de los residentes de las zonas donde hay una mayor concentración de establecimientos de ocio nocturno", argumenta Luís Almeida Mendes, en una respuesta escrita a Lusa.