La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo Central del Sur (TCAS), a raíz de un recurso judicial presentado por cuatro asociaciones ecologistas.

En una nota enviada a la agencia de noticias Lusa, el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente(GEOTA), una de las asociaciones ecologistas implicadas en el proceso, explicó que el TCAS les dio la razón y "revocó la decisión" del Tribunal Administrativo y Fiscal de Castelo Branco (TAFCB) que suspendió la medida cautelar, por lo que la suspensión cautelar de las obras "se reanudó".

También contactado por Lusa, Hélder Careto, de GEOTA, dijo que, tras esta decisión del TCAS, tiene información de que "no hay obras en curso" y también expresó su satisfacción por la "decisión provisional" del tribunal.

"Lo importante en este momento es llegar a una decisión definitiva sobre la declaración de nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)", añadió.

En un comunicado enviado también a Lusa, la Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo(CIMAA), responsable de la construcción de la presa del Pisão, confirmó que las obras se han suspendido de nuevo tras la decisión del TCAS.

"En la práctica, el tribunal ordenó la devolución del caso al tribunal de primera instancia [TAFCB], lo que reactiva la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental y exige la paralización de las obras", dice el documento.

CIMAA explicó que el tribunal "se pronunció exclusivamente" sobre una cuestión de procedimiento, concretamente sobre "la forma correcta" que las asociaciones ecologistas "deberían haber utilizado" para presentar su solicitud ante el tribunal.

"La sentencia no valora, juzga ni emite opinión alguna sobre la calidad técnica, ambiental o jurídica de la presa de Pisão", subrayó la comunidad intermunicipal.

La CIMAA subrayó que los méritos del proyecto, su bondad, su legalidad y su importancia para el Alto Alentejo no fueron "objeto de análisis" ni fueron cuestionados.

Los jueces, prosiguió, "no dijeron que el proyecto esté mal", sino que el proceso "tiene un error de fórmula" y que, por este hecho, "necesitaba seguir un camino diferente" en los tribunales.

"El proceso vuelve ahora al TAFCCB, donde seguirá siendo evaluado, con todas las garantías procesales aseguradas para todas las partes", señala el comunicado.

CIMAA también añadió que, a pesar de ser una decisión de "carácter exclusivamente procesal", tiene "consecuencias inmediatas y concretas" para el proyecto.

Para CIMAA, este paso "es otra paralización forzosa y dolorosa" para las poblaciones que esperan "con justificada esperanza" que este proyecto salga adelante.

"Sabemos que detrás de esta espera hay familias que dependen del agua potable, agricultores que ven cómo sus campos se secan cada vez más, jóvenes que necesitan trabajo para seguir en sus tierras", argumentó.