Aún pendiente de transposición a la legislación portuguesa, la nueva directiva europea sobre transparencia salarial promete dar acceso a la información salarial, según Executive Digest. Las empresas tendrán nuevas obligaciones, mientras que los trabajadores obtendrán nuevos derechos.

Los Estados miembros tienen instrucciones de incorporar las normas a la legislación nacional a partir del 7 de junio. Los objetivos de las nuevas leyes son reducir las desigualdades salariales entre sexos y reforzar el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo mediante mecanismos de transparencia y control.

Igualdad salarial a través de la transparencia

Los cambios serán perceptibles a partir de la fase de contratación, en la que todas las empresas están obligadas a revelar el salario o la banda salarial correspondiente al puesto de los candidatos.

Al mismo tiempo, para evitar que se perpetúen las desigualdades, los empresarios ya no podrán interrogar a los candidatos sobre sus salarios anteriores. A nivel interno, las empresas también están obligadas a divulgar información sobre los niveles salariales de sus empleados.

De acuerdo con los objetivos definidos por la Unión Europea, la medida pretende reducir la discriminación y garantizar que empresarios y candidatos puedan negociar basándose en información simétrica.

Obligación de revelar los salarios

Con las nuevas medidas, las empresas deben divulgar información sobre las disparidades salariales entre géneros que desempeñan puestos de trabajo equivalentes, incluidos informes y datos sobre la proporción de géneros que trabajan en distintos tramos salariales.

Para garantizar el anonimato y la protección de los datos personales, las empresas no estarán obligadas a revelar los salarios individuales, pero sí los valores salariales medios o medianos.

Otra medida para reforzar el principio de transparencia interna es la prohibición de cláusulas contractuales que impidan a los trabajadores hablar de sus salarios.

Sanciones por disparidades salariales

Si los informes revelan diferencias salariales iguales o superiores al 5 por ciento para el mismo puesto de trabajo, cuando las diferencias no estén justificadas por criterios objetivos, la empresa está obligada a realizar auditorías internas.

Si la empresa no corrige las discrepancias en el plazo de medio año, puede dar lugar a sanciones, y los empleados pueden reclamar indemnizaciones.

Aplicación gradual

La aplicación de estas nuevas normas se hará de forma gradual, en función del tamaño de la empresa. Las organizaciones con 250 o más empleados deberán presentar la información anual sobre nóminas a partir del 7 de junio del año que viene, con los datos relativos a este año.

Las organizaciones con entre 150 y 249 empleados deben hacerlo cada tres años, a partir de la misma fecha del año que viene. Para las organizaciones con entre 100 y 149 empleados, la obligación trimestral entra en vigor en 2031. Dependiendo de futuras decisiones, las organizaciones con menos de 100 empleados también podrán ser incluidas.

Portugal aún no ha presentado ninguna propuesta legislativa formal para las directivas, lo que presiona al Gobierno y al Parlamento. Varios partidos han presentado sus propias iniciativas legislativas, y partidos como Chega, PCP, CDS y PAN ya cuentan con la aprobación general, con debates en curso en la comisión.

El CDS ha modificado su propuesta en el pleno para incluir una referencia explícita a la directiva europea, subrayando la importancia de alinear la legislación nacional con las normas europeas.