Según El Economista, elTribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) de España ha revelado que determinados certificados de residencia expedidos en Portugal a jubilados españoles no son reconocidos en España. Esta situación abre la vía al cobro de impuestos sobre las pensiones percibidas de la Seguridad Social española.

El régimen en cuestión permitía que las pensiones extranjeras estuvieran exentas de impuestos en Portugal; sin embargo, a partir de 2020, las pensiones pasan a estar sujetas a un tipo impositivo del 10%, inferior al 48% aplicable al resto de contribuyentes.

Aunque se suprimirá en 2024, los jubilados extranjeros que ya hayan adquirido el estatuto podrán mantenerlo durante 10 años.

España acusa a Portugal

A pesar de la oposición de las autoridades lusas, que afirman que los contribuyentes están sujetos a los impuestos portugueses y que el sistema permite exenciones o tipos reducidos sobre la renta, el TEAC rechaza estas afirmaciones.

El 20 de abril, según El Economista, el tribunal español calificó el sistema portugués de "velado", "oscuro" y "pernicioso". La entidad también consideró la postura de Portugal como "engañosa o hipócrita".

El tribunal español cree que los jubilados en cuestión no deberían estar protegidos por otro acuerdo ibérico, el Convenio para Evitar la Doble Imposición, firmado entre los dos países en 1993.