El decreto publicado autoriza al IHRU a adquirir, construir y rehabilitar hasta 12.000 viviendas asequibles, con un presupuesto en vigor.

Las viviendas creadas al amparo de esta autorización se incorporarán al Parque Público de Viviendas Asequibles. Este parque es una pieza clave de la estrategia nacional para hacer frente a la actual crisis de la vivienda antes de que acabe la década.

El plan financiero del Ejecutivo distribuye la asunción de las obligaciones contractuales entre los ejercicios 2026 y 2030. El calendario oficial del decreto legislativo fija el techo máximo de gasto para el año en curso, 2026, en 188.020.869 euros.

El próximo año será el de mayor dotación presupuestaria, con 577.802.444 euros, seguido de 386.467.636 euros en 2028, 408.499.462 euros en 2029 y un suplemento de 290.846.496 euros que se desembolsará en 2030. La autoridad de control aclara que a todos estos importes parciales se les añade el IVA al tipo legal vigente.

Este decreto aplica la resolución del Consejo de Ministros del 14 de mayo, en la que se definen las etapas de coordinación y planificación presupuestaria del IHRU.

Tras el decreto, la IHRU y las autoridades locales ya pueden ejecutar los proyectos inmobiliarios y licitar las 12.000 viviendas; la validación final está pendiente de un decreto conjunto de los ministerios de Hacienda y Vivienda.

Este decreto introduce una de las principales garantías: proteger la financiación de los proyectos de construcción frente a la volatilidad de los plazos para alcanzar los objetivos de la UE.

La resolución ministerial salvaguarda explícitamente que, con independencia del calendario de ejecución y recuperación financiera de las inversiones contratadas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), el capital para la construcción de viviendas públicas a costes asequibles seguirá fluyendo sin interrupción hasta 2030.

Para garantizar un colchón de sostenibilidad financiera en el período posterior al PRR, la legislación aclara que los ingresos fiscales de los Presupuestos Generales del Estado financiarán directamente una parte sustancial de los costes globales, por un total de 511,6 millones de euros.

La asignación de fondos públicos nacionales da previsibilidad y estabilidad al sector de la construcción y a los municipios asociados. El objetivo es completar los proyectos y colocar las viviendas en el mercado de alquiler asequible a tiempo.