El proceso, que se inició a finales del año pasado, se centra en los alojamientos locales que no han cumplido los requisitos normativos, incluida la presentación de la documentación obligatoria relativa al seguro de responsabilidad civil.

Lisboa fue el primer municipio en llevar a cabo la revisión, cancelando 6.765 registros de un total de unas 19.000 unidades de alojamiento locales registradas en la capital. Los cierres representan aproximadamente el 40 % de las propiedades de alquiler a corto plazo registradas en la ciudad.

Otros municipios, entre ellos Oporto, Lagoa y Lagos, han llevado a cabo desde entonces revisiones similares y han eliminado de sus registros los registros inactivos.

En Oporto, las autoridades ordenaron la cancelación de 1 413 licencias de alojamiento local, lo que representa aproximadamente el 12 % de las unidades registradas en la ciudad.

Los cambios ya se están reflejando en el Registro Nacional de Alojamientos Locales (RNAL) de Portugal, que actualmente recoge 119 147 propiedades de alojamiento local activas en todo el país.

Sin embargo, las cifras del sector sugieren que podrían producirse nuevas reducciones. Según la Asociación de Alojamiento Local de Portugal (ALEP), más de 37 000 propiedades registradas aún no han presentado la prueba del seguro obligatorio necesario para mantener su actividad.

La asociación estima que podrían eliminarse hasta 30 000 registros adicionales si los propietarios no cumplen con la normativa.

Los defensores de la revisión argumentan que el proceso creará una imagen más precisa del mercado de alojamientos locales activos de Portugal al eliminar las denominadas «licencias fantasma» vinculadas a propiedades que ya no operan.

Esta limpieza se produce en un momento en que el alojamiento local sigue desempeñando un papel significativo en el sector turístico de Portugal, al tiempo que sigue siendo el centro de los debates en curso sobre la disponibilidad de vivienda y la regulación de los alquileres a corto plazo en varias ciudades.