Según informa el *Diário de Notícias*, el Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Fiscales (CSTAF) ha dictado sentencias en 22 436 casos a lo largo de un periodo de tres meses.

Esto supone la resolución de aproximadamente una quinta parte del total de casos pendientes, que ascendía a 124 000 cuando el grupo especial comenzó su labor en abril.

El ritmo de resolución fue, de media, de 247 resoluciones al día en todo el grupo, lo que supone unas ocho por juez. Se observó un avance significativo entre la fase inicial y los meses siguientes: tras dictarse 5.691 resoluciones en abril, en mayo se alcanzó un máximo de 8.705 resoluciones, y en junio se mantuvo una elevada productividad, con 8.040 casos resueltos. Además de las resoluciones, el equipo tramitó más de 47 000 actuaciones procesales, incluidas las solicitudes de documentación y las diligencias de recabación de información.

Esto puso de relieve la magnitud de una intervención destinada a aliviar al sistema judicial administrativo de un volumen de litigios sin precedentes y a dar una respuesta rápida a las solicitudes de los ciudadanos.

La oleada de demandas se debe a la incapacidad de la AIMA para gestionar las solicitudes de servicios y abarca las solicitudes de reagrupación familiar, la expedición de permisos de residencia y los casos derivados de cambios legislativos, como la obtención del permiso CPLP, una categoría creada por el Gobierno anterior que carecía de normativa administrativa para determinadas situaciones, lo que obligó a los inmigrantes a recurrir a los tribunales.

Aunque el actual Gobierno ha modificado posteriormente la legislación para restringir el recurso a los tribunales y eliminar el proceso de solicitud interno para dicho permiso, miles de ciudadanos siguen a la espera de una resolución judicial que obligue al organismo a concertar una cita.

Sin dicha resolución definitiva, muchos extranjeros solo disponen de la prueba de la demanda, un documento que las autoridades policiales no consideran suficiente para acreditar la residencia legal, lo que expone a estas personas a órdenes de salida voluntaria del país.

El grupo de trabajo ha suspendido temporalmente sus operaciones debido al receso judicial y reanudará la segunda fase de su labor en septiembre, de acuerdo con el plan operativo inicial de seis meses.